Se podría decir que la gestión de Carlos Bianchinelli en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJC) empezó con el pie izquierdo. Pero no fue por la problemática de los tragamonedas, sino que los tiempos judiciales jugaron en su contra. El caso apenas trascendió y tiene como epicentro el sur provincial. Más precisamente, en General Alvear, una comuna gobernada por Juan Carlos de Paolo un peronista del sector azul, como Bianchinelli.

Hace unos días, el IPJC perdió un importante juicio que le inició la municipalidad sureña a causa del aumento de las tasas municipales que paga la primera por el funcionamiento del Anexo General Alvear, que funciona en la cabecera departamental. El monto pasó de 70 mil pesos a medio millón de pesos.

La decisión fue tomada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien dio lugar al reclamo de la comuna alvearense. Así, desde este año entra en plena vigencia la ordenanza municipal que había sido aprobada en 2011, que elevaba las tasas municipales que pagaba el anexo General Alvear del Casino de Mendoza.

Es decir que la normativa comunal se aprobó el último año de la gestión de Celso Jaque cuando el titular del Instituto era Daniel Pereyra.

La entidad rectora del juego oficial presentó un recurso de amparo. Así logó frenar la aplicación de esta ordenanza. Ahora que fue ratificada por la Corte, las tasas a pagar del casino ascenderán a los 500 mil pesos más la diferencia proporcional desde que la misma fue sancionada, según informó el portal AlSurinforma.

Por su parte, el asesor legal del municipio, Gustavo Vendramín, brindó una entrevista a Radio 1 Alvear y explicó que dicha ordenanza, cuyo proyecto fue presentado por el concejal radical Hugo Molina, se había aprobado luego de analizar las tasas cobradas al Casino por otras comunas: "No hemos sido ningunos iluminados sino que hemos copiado lo que habían hecho en San Carlos, donde se viene cobrando mucho antes, y a San Martín donde cobran un millón de pesos al año".

Vendramín también contó que el IPJC había apelado la ordenanza el año pasado "por considerarla inconstitucional" y que la institución "siguió pagando la suma que venía arrastrando. Ahora habrá que determinar cuál es el monto final y que intereses se aplican porque esto es retroactivo al 2011".