De esta manera, Berhongaray -que denunció el caso ante la FIA- reiteró las irregularidades cometidas con el funcionamiento de la segunda sala de juegos del Casino Club y la falta de cumplimiento del contrato, aspectos revelados por una investigación del Fiscal de Investigaciones Administrativas Juan Carlos Carola.

La denuncia de Carola dio lugar a una investigación judicial, a cargo de la jueza de instrucción Florencia que tiene al ex presidente del ISS, Miguel Angel Erquicia como imputado.

Hace unas semanas declararon en calidad de testgios el ex gerente de DAFAS, Mario Azcárate y el actual gerente general del SEMPRE, Oscar Martínez Almudevar. Para el día 17 de noviembre está citado el asesor legal Atilio Gambulli y para el 18 de noviembre, el ex asesor letrado de Gobierno, Pablo Langlois.

El legislador mencionó que el Código Penal denomina ‘encubrimiento’ a quien, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, ‘oculta o hace desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito’. “El máximo de la escala penal prevista para aquel accionar asciende a 6 años de prisión cuando el autor fuere funcionario público”, agrega.

“No caben dudas de que en esa figura encuadraría la actividad desplegada por las actuales autoridades del Instituto de Seguridad Social quienes hasta la fecha han resuelto mantener el secreto y así seguir convalidando el cúmulo de ilegalidades cometidas en la concesión del Casino”, afirma Berhongaray.

“El ISS ocultó durante más de 15 años el funcionamiento de la sala de juegos de máquinas tragamonedas sin autorización legal, la falta de cumplimiento de la obligación de construcción del complejo hotelero-cultural exigido por el contrato, así como la arbitraria modificación del canon con los millonarios perjuicios económicos ocasionados a la Provincia y a los pampeanos”, afirma el legislador.

Considera que “la Justicia no debe demorar en enderezar la investigación contra los máximos responsables políticos de entonces y contra los actuales. Es obvio que la compleja maniobra delictiva no se podría haber consumado ni extendido en el tiempo sin la activa colaboración de varios actores, principalmente funcionarios y asesores”.

“Todos deben ser citados a declarar en calidad de imputados, y perseguidos por delitos mucho más graves que el incumplimiento de los deberes de funcionario público que prevé una pena máxima de 2 años. Es decir, si la Justicia llegara a encontrar a algún responsable, la sanción que se le imponga no será de cumplimiento efectivo”, razona Berhongaray.

“La falta de reacción de las actuales autoridades del I.S.S. resulta inaceptable”, apunta. “No se comprende por qué no activaron los resortes legales para evaluar y corregir los groseros vicios legales y administrativos detectados por el Fiscal de Investigaciones Administrativas”, dice, en un frontal tono acusatorio por la inacción del Instituto de Seguridad Social. “La investigación judicial no tiene nada tiene que ver con la decisión política que ya debería haber adoptado el I.S.S., apoyada en la contundencia de los elementos reunidos hasta la fecha”, señala.

“O esperan acaso que la Justicia, además de investigar y sancionar las responsabilidades penales, subsane o anule las irregularidades cometidas en sede administrativa?”, ironiza, en una chicana cargada de acusación.

“La inactividad seguramente descansa en la confianza de que la Justicia terminará por no castigar a los responsables, o peor aún, en que impondrá al hasta ahora único imputado una pena que no resultará de efectivo cumplimiento”, afirma el legislador.