El empleo en Mendoza parece seguir una operación matemática lógica. Las principales actividades económicas son las que impulsan el crecimiento ocupacional. La agricultura, el comercio, los restoranes y los hoteles –directamente relacionados con el auge del turismo– son los que empujan el aumento ocupacional en el sector privado.

Más turistas, más ingresos, igual: más empleo. Pero no todo lo que brilla es oro. Y así como hay más puestos de trabajo, también los precarios ocupan un alto porcentaje en los trabajadores de la provincia.

Los datos surgen de un informe del Observatorio Laboral que realizó el Instituto de Trabajo y Producción de la Universidad Nacional de Cuyo. El trabajo refleja números del 2012 y, en cuanto al empleo privado, concluye que Mendoza se encuentra por encima de la media nacional.

Pese a los puestos de trabajo que crecieron en el sector privado, el 11,2% de la población económicamente activa (PEA) de Mendoza tuvo déficit de empleo, es decir que estaba ocupada o subocupada. Pero un dato realmente llamativo es que en el período analizado el empleo precario alcanzó el 37,9%. Aún así y aunque esa cifra sea alta, los investigadores afirman que este tipo de empleo con ciertas deficiencias presenta contracciones y se ha reducido en comparación con el período 2004/2009.

Varias décadas

De acuerdo con el estudio, pese a las mejoras cuantitativas, si se compara con la década del ’90 “persiste un serio déficit de trabajo decente configurado por una alta proporción de PEA que sufre diversas formas de ‘trabajo no decente’: desocupación abierta, desocupación oculta (inactivos desalentados), subempleo demandante, trabajo asalariado no registrado, registrado pero precario, asalariado disimulado como autónomo, informal, tercerizado y flexibilizado”, escriben los investigadores.

Agregan que algo a tener en cuenta es que el trabajo precario no se limita únicamente al ámbito de lo ilícito, ya que puede ser legal y estar registrado y aún así, ser precario.

“Estas formas son más difíciles de descubrir en las mediciones habituales. En cambio, el clásico trabajo en negro es el segmento más fuerte y claro, identificado por el indicador descuentos jubilatorios”, explican.

Al tener en cuenta esa variable, un punto llamativo es que el sector privado concentra más del 70% de obreros y empleados de Mendoza y de ese total el 41,5% trabaja en negro. Y concluye que la gran mayoría de los trabajadores no registrados se encuentra en el sector privado. Este informe de la UNCuyo derriba, incluso, algunos mitos sobre el trabajo legal y el trabajo en negro: “Los salarios de los trabajadores registrados superan (a veces duplican) los de sus pares no registrados en la misma rama de actividad. Se derriban así ciertas creencias relativas a que los no registrados ‘cobran en mano la diferencia de los aportes’”.

El empleo estatal es en Mendoza el que mejores condiciones legales tiene. Tanto en la administración pública como en la enseñanza, los niveles de registración superan el 94%. En el otro extremo, está el servicio doméstico, en el que sólo el 15% de los trabajadores ha sido contratado por su empleador como rige la ley.

“El universo de precariedad laboral es mayor que el identificado, porque no sólo incluye el trabajo no registrado, sino diversas formas de trabajo registrado (contratos temporarios, de locación de servicios, etc.), aún dentro de las instituciones estatales”, apuntan los especialistas.

Según detalla el informe, otro número importante de trabajadores precarios están dentro de los “independientes”, ya que bajo esa supuesta independencia, muchas veces se ocultan, aunque flexibilizadas, verdaderas relaciones de dependencia. “Los cuentapropistas son el segundo grupo más numeroso dentro de la PEA (19%) y constituyen un universo heterogéneo y complejo, con una multiplicidad de formas, a veces legales, pero que escapan a la definición de empleo decente”, añaden.

Los investigadores que firman el estudio –María Eugenia Martín, Rodrigo González, Roberto Tomassiello, Iris Perlbach, Carmelo Cortese, Lucía D’Angelo, Franco Bignone, Noelia Giampaoletti y Gabriela Zamarbide– concluyen que lo que falta es determinar las causas de las falencias del Estado en las políticas públicas de empleo teniendo en cuenta “el notorio fracaso en disminuir sustancialmente el trabajo no registrado en el sector privado, y por otro, el impulso desde el propio Estado en el sector público de formas de contratación ‘legales y en blanco’, pero absolutamente precarias e inestables”.