En la Justicia avanza la investigación para determinar la participación activa o no de casi 20 personas en una supuesta asociación ilícita que operaba en Salta, por lo menos, desde 2007. En la megacausa desencadenada por ventas irregulares de terrenos ajenos ya hay dos detenidos, que serían los líderes de esta red. El contador Rogelio Guaymás está en la Alcaídia, en la zona norte, desde hace más de un mes. Días atrás se entregó Daniel Palacios, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional.

Según trascendió, el Juzgado de Instrucción en Transición de 4§ Nominación acumuló varios expedientes que estaban dispersos en otras dependencias de la Ciudad Judicial vinculadas a supuestas estafas, falsificación de DNI, libros societarios y otros instrumentos públicos en maniobras para la transferencias de fincas en Anta, Rivadavia, San Martín y Cafayate. Fuentes señalaron que la megacausa ya tiene documentación agrupada en 14 cuerpos.

Desde el año pasado, El Tribuno publicó una serie informes sobre propietarios de terrenos que se enteraron, algunos a través de trámites en la Dirección General de Inmuebles o en Rentas, que sus lotes figuraban a nombres de terceros.

A comienzos de 2013, Graciela Salazar, después de ser excluida del hogar por supuesta violencia familiar, acusó a su marido, Daniel Palacios, de ser el líder de la banda junto a Guaymás. Luego, la Justicia dispuso allanamientos simultáneos en once lugares, entre ellos, se apuntó a una casa en Tres Cerritos, a una propiedad en La Calderilla y a otra en La Caldera.

Posibles pruebas

Entre las pertenencias de Guaymás se encontraron 20 documentos de identidad y entre las cosas de Palacios llamó la atención una agenda con contactos que estarían vinculados a las denuncias. Estos elementos pasaron por el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF).

Además de los presuntos líderes asociación ilícita, el juzgado a cargo de Federico Diez, analiza qué tipo de participación tuvieron en las operaciones algunos trabajadores de Inmuebles, el entorno de Guaymás y Palacios, otros terceros y hasta se fijó la lupa en escribanos públicos, que certificaron la ventas de terrenos ajenos.

Sergio Vélez es uno de los que se repite en las diferentes causas. Al escribano le retiraron la matrícula tras irregularidades en el desempeño de su trabajo. Lo que ya se descartó es una connivencia en estas maniobras por parte de las autoridades de la Dirección de Inmuebles.

Para averiguar si la supuesta asociación ilícita actuó en provincias vecinas, la Justicia salteña pidió información de causas similares en Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca.

Una misma fotografía cuatro por cuatro en varios documentos de identidad fue una de las “huellas” sembradas en las operaciones irregulares con tierras ajenas que se sucedieron en localidades del interior salteño. La imagen es de Héctor Vilte, quien se desempeñaba como trabajador de Guaymás, pero en algunas etapas de las transferencias ficticias aparece con las identidades de Cristian Sánchez y Miguel Angel Díaz.

Era uno de los “soldados” de Palacios, había declarado Salazar, la esposa ya distanciada del supuesto organizador de la red. En un par de oportunidades, la mujer sostuvo que su marido y Guaymás idearon la “misión”. “Ellos siempre buscan viejos asientos sin movimientos en Inmuebles. En caso de tratarse de sociedades, en el Registro Público de Comercio”, había expuesto Salazar.

Los movimientos en Anta

La transferencia irregular de tres fincas de la empresa Quebrachales en Anta fue el puntapié de la megacausa. Los propietarios de El Arenal, La China y Pozo de Guayacán (Santos Lugares), ubicadas a la vera de la ruta nacional 16, notaron en 2010 sus tierras habían sido transferidas sin su consentimiento. Hasta uno de los lotes fue hipotecado en el banco HSBC por 1,2 millones de pesos.

Con la identidad ficticia, Cristian Sánchez (el DNI tenía la foto Héctor Vilte), fingió ser el presidente de Quebrachales. Con documentos apócrifos de la sociedad vendió los terrenos de Guayacán y La China, por 95 mil pesos cada uno, a Cristian Enzo Fernández, quien residiría en Córdoba y no contaría con recursos para tal compra. Luego, el cordobés los transfirió, por 490.000 pesos, a Pablo Fernández Sendín, de Rosario de la Frontera. En poco tiempo, Fernández hipotecó las tierras en el banco HSBC por 1.200.000 pesos.

Fernández Sendín también quedó como “titular” de El Arenal. En agosto de 2011, Ricardo Martínez fingió ser el presidente de Quebrachales. Por esa finca, Fernández Sendín, en carácter de socio de la empresa P&L Agrícola SRL, le pagó con doce cheques por 2.000.000 de pesos.

En Cafayate

Miguel Angel Díaz, pero sería en realidad Héctor Vilte, aparece una vez más en otra llamativa operación inmobiliaria.

Esta vez se manejó como representante de Vitivinícolas Calchaquí SA junto a Rafael Sanabria. En la localidad vallista transfirieron un inmueble a Víctor Ferreira, pero su verdadera identidad sería Eduardo Chocobar.

El caso en Rivadavia

En el departamento de Rivadavia, la empresa santafesina Orcosu posee 8 mil hectáreas. En 2007, los propietarios quisieron pagar los impuestos en la Dirección General de Rentas, pero se enteraron que ya no eran los titulares. Al investigar, supieron que un hombre llamado Carlos Páez maniobró con documentos falsos de la sociedad que “lo habilitaban” a vender ese lote. En esos papeles hay un error ya que la empresa figura como Arcosu en vez de Orcosu.

Por tan solo 45.000 pesos, Paez transfirió la tierra a Miguel Angel Díaz, pero en su documento tiene la foto de Héctor Vilte. Como escribano en las operaciones firmó Sergio Vélez. A fines de 2007 la tierra se vendió por 150.000 pesos a Gabriel Aguirre y Angela Rodríguez.

Santafesinos

Después, la mujer traspasó su 50% a Aguirre. Por 550.000 pesos, el inmueble rural quedó como dominio de los hermanos Marchisio (Diego, Juan y Gustavo, todos de Santa Fe); de Javier Elder y de Rafael Pérez.

El dato

Fuentes de la investigación señalaron que Daniel Palacios, uno de los supuestos cabecillas de la red, se negó a responder sobre las acusaciones en base a las denuncias por estafas y ventas de terrenos ajenos. Quedó detenido tras estar prófugo más de un mes. El contador Guaymás, según trascendió, intentó desligarse de las maniobras. En los próximos días, el Juzgado de Instrucción de 4§ Nominación tendrá que resolver si hace lugar a pedidos de eximición de prisión para Guaymás. También se deberá dar respuestas a pedidos de nulidad del procedimiento y de reposición.