Las 23 familias perjudicadas por el Sindicato de Viales y el IPPV que esperan que el Estado les otorgue su vivienda desde hace casi siete años, renovaron expectativas esta semana de que finalmente la provincia les construya la casa comprometida.

En una reunión realizada el miércoles por la tarde, con el fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, el funcionario a través de un contacto con el titular del Instituto Provincial, Luis Bardeggia, quien se encontraba en Buenos Aires, adelantó que las 23 casas se incluirán en un futuro plan de 50 viviendas que se licitará próximamente en la ciudad.

Bergonzi indicó a los representantes de los perjudicados por el gremio que conducía Carlos Sansuerro, que desde Nación se destrabó el financiamiento para otro plan de 50 viviendas, de las cuales casi la mitad se reservarán para aquellas familias que compraron los terrenos al Sindicato pero que nunca recibieron sus casas.

Cabe recordar que este grupo de personas pagó al Sindicato de Viales por la adquisición de un terreno, en el cual el IPPV construiría luego las casas.

Sin embargo, el listado de compradores superó los 80, pero los terrenos y las viviendas eran menos de 60. Por eso, 23 familias iniciaron acciones de protesta, que fueron desde la ocupación del plan cuando estuvo construido y movilizaciones callejeras hasta acciones judiciales.

En una audiencia realizada en 2010 con los magistrados se ordenó al Estado a pagar un porcentaje del alquiler a los perjudicados y además a construir las viviendas prometidas.

El gobierno anterior no avanzó en las obras mientras que las nuevas autoridades mantuvieron varias reuniones aunque sin precisiones.

Una respuesta

Recién esta semana las familias perjudicadas recibieron una respuesta concreta, que según expresaron les brinda cierta tranquilidad a pesar de que recién la semana próxima quedará plasmada por escrito, una vez que Bardeggia pueda firmar el correspondiente compromiso ya que al momento de la reunión se encontraba de viaje.

Desde el gobierno se explicó que en este caso la provincia podrá cumplir lo que oportunamente no concretaron el Sindicato de Viales y el IPPV, porque son una limitada cantidad de casas y además porque la entidad intermediaria era el propio gremio y no la cooperativa que administraban Sansuerro y Carlos Iturburu y que perjudicó a centenares de familias en San Antonio Oeste y Roca.

Por una causa penal derivada de los incumplimientos en Roca, Sansuerro e Iturburu permanecen detenidos.