La declaración se acota al Plan Federal compuesto por 552 viviendas ubicadas en Villa Delfina. Si la Nación demora la entrega de partidas, la comuna podrá pagar esos certificados.
La decisión, que estará vigente durante 180 días, se consiguió con el voto de 14 concejales, entre los que se contaron a diez oficialistas, tres de Unión Pro y uno de Unión Celeste y Blanco. En tanto, Integración Ciudadana y el radicalismo elaboraron otro despacho que, entre otras diferencias, declaraba la emergencia para todos los barrios que se están construyendo en el marco del Plan Federal en la ciudad.
Según explicó el presidente del bloque del Frente Para la Victoria, Santiago Mandolesi Burgos, el estado de emergencia le permite a la comuna tomar medidas que eviten la paralización de las obras que se retomaron tras la usurpación ocurrida durante enero.
Este margen de acción incluye la posibilidad de que el municipio cancele con dinero de sus arcas los compromisos asumidos por el gobierno nacional, si es que tiene garantizado su reintegro mediante convenios firmados con la Casa Rosada.
De hecho, se espera que la semana próxima se rubrique un documento entre estas dos administraciones, asegurando el giro del monto a invertir.
Para Mandolesi Burgos la declaración de emergencia pone en papeles una cuestión que ocurre en la realidad.
Dijo que la usurpación, protagonizada por familias de bajos recursos, generó el incumplimiento por parte de la UTE que construía las casas, conformada por las empresas Proa y Karpa, puesto que perdió la custodia del predio a la que se había comprometido por contrato y no tenía la seguridad de poder resistir a nuevos intentos de ocupación ilegal.
"Esta cuestión, que fue reconocida por la propia firma, la llevó a solicitar la rescisión del contrato", comentó el edil.
Posteriormente, el intendente decretó la emergencia y resolvió adjudicar la continuidad de los trabajos en forma directa.
Ante estos antecedentes, la comuna consigue allanar el camino hacia la finalización de las unidades habitacionales, teniendo la posibilidad de cubrir con dinero propio los pagos de certificados, si la Nación, por algún motivo, se demorara en el giro de los fondos. El municipio calcula que para terminar estas viviendas del Plan Federal, se requerirán 54 millones de pesos.
"Con esta emergencia intentamos continuar con un único objetivo, que es la finalización de las obras en un plazo lo más breve posible, para poder entregarlas y así atender la necesidad habitacional que tenemos en Bahía Blanca.
"Fue esta gestión la que reconoció la problemática conformando, junto a instituciones sociales, el Registro Unico de Postulantes (RUP), relevamiento que incluye a la gente que tiene esta necesidad, con diferentes situaciones habitacionales", dijo el presidente de la bancada oficialista.
En este sentido, resaltó que el gobierno municipal no desconoce esta situación social y aclaró que lo que no avala son las usurpaciones.
También expresó que mantuvieron contacto permanente con las personas que necesitaban resolver en forma urgente su situación habitacional, ya sea durante la ocupación del Plan Federal como en el acampe ocurrido, a modo de protesta, en la Plaza Rivadavia.
Al pasar revista de lo ocurrido, ratificó que hubo personas que integran agrupaciones políticas opositoras al Ejecutivo que instigaron a continuar las usurpaciones y el reclamo frente al Palacio Municipal.
De la oposición. La voluntad de IC y de la UCR, expresada en un despacho de minoría, era declarar la emergencia habitacional de todas las obras de viviendas del Plan Federal que se interrumpan por incumplimiento de la adjudicataria o por cualquier causa, que impida el acceso de sus destinatarios en los plazos previstos.
La medida, según había sido pensada, imponía al Ejecutivo local "la gestión prioritaria de los recursos que deben proveer las jurisdicciones provinciales y nacionales".
También estipulaba que en toda obra incluida en la declaración de emergencia, al momento de realizar las contrataciones directas, no podía participar ninguna empresa con antecedentes de incumplimientos cometidos en anteriores trabajos realizados en el marco del Plan Federal.
Asimismo fijaba que los vecinos que impidieran, obstaculizasen o restringiesen con sus conductas el acceso de quienes tienen derecho a las viviendas a adjudicar en condiciones de igualdad, serían excluidos de los beneficios.
"A ese fin, el Ejecutivo deberá realizar las actuaciones administrativas en forma individual, asegurando el derecho de defensa", se advertía en el texto.
En tal sentido, el concejal Raúl Woscoff criticó al decreto del jefe comunal que relegaba de los beneficios a quienes ocuparon el predio del Plan Federal, entre otras cosas, por no haberles otorgado el derecho a defensa, lo que consideró "un hecho singular" desde el retorno de la democracia.
En el despacho de los opositores también había un párrafo para los funcionarios y agentes municipales, a los que se les advertía que quienes con sus acciones u omisiones impidiesen el acceso de quienes tienen derecho a las viviendas a adjudicar en condiciones de igualdad, incurrirían en falta grave y sus superiores jerárquicos deberían iniciar los sumarios correspondientes.
Críticas a dos voces
* Raúl Woscoff (IC): "Creo que el gobierno municipal, el intendente y las principales figuras del gabinete mostraron una firmeza y una dureza que no tienen, que es mera apariencia, y sí mostraron una carencia de sensibilidad frente a una problemática social grave".
* Patricia Piersigilli (UCR): "El gobierno municipal no actuó rápidamente, con la competencia que merece el tema y con el tecnicismo necesario. No lo ha tomado como un reclamo social, sino que lo ha estigmatizado como un delito sobre la propiedad del Estado. Aunque no sea legal ni válido, este reclamo hay que escucharlo. Por ese motivo, no podemos acompañar el repudio a las usurpaciones. El radicalismo dijo que la usurpación es un delito que debe ser tratado por la Justicia, pero debe reconocerse que las ocupaciones las realiza gente que atraviesa una situación de vulnerabilidad".
Valerio confirmó los
4 millones en daños
El ingeniero Rubén Valerio, secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, reiteró ayer a "La Nueva Provincia" que los daños causados por los usurpadores de parte de las viviendas ubicadas sobre la avenida Arias --hecho registrado entre el 4 y el 14 de enero de este año-- fueron valuados en 4 millones de pesos, precio que fuera elevado al Estado nacional con la idea de obtener esos fondos como aporte adicional.
El funcionario reconoció a este diario "no tener un detalle" pormenorizado de cómo se llegó a ese valor, aunque aseguró que el mismo se basó en un relevamiento realizado con personal de la dirección de Viviendas a poco de desocuparse las casas.
"Hay arreglos que son difíciles de valorar, por caso, cuánto demandará reparar cañerías tapadas o rotas. Después es simple ver cómo se rompieron puertas de entrada y ventanas, así como el robo de mesadas, griferías y sanitarios", describió.
Valerio relativizó la opinión de quienes ponen en tela de juicio este valor, señalando que mientras el municipio relevaba las roturas "otros estaban del lado de adentro, sin siquiera condenar un hecho delictivo como fue la usurpación".
Además, se declaró el cierre del zoológico
Ya es ordenanza la declaración de clausura definitiva del zoológico municipal ubicado en el Parque Independencia. Así quedó definido con el voto unánime del cuerpo, tras más de un año de análisis.
Este es uno de los pasos formales más importantes en torno al cierre del tradicional paseo. De antemano se sabía que no habría oposición a la iniciativa en el recinto de Sarmiento 12.
Esta norma, basada en un proyecto elaborado por el edil oficialista Guillermo Quevedo (FPV) y la opositora Elisa Quartucci (IC) ahora será presentada en la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires.
A partir de ese momento, el municipio quedará habilitado para comenzar con el traslado de animales hacia el Complejo Ecológico de la localidad bonaerense de América, lugar designado por la comisión multisectorial integrada por concejales y proteccionistas.
Quevedo agregó que la comuna ya realizó todos los pasos legales para ponerle fin a la existencia del espacio, a la vez que cuenta con los permisos necesarios para realizar la mudanza de los primeros 51 animales.
El municipio deberá entregar todas las instalaciones metálicas del zoológico bahiense, dado que tras el cese de sus funciones será desmantelado, y a colaborar en el procedimiento de desarme y carga de esos materiales.
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