La Cámara Federal de Casación Penal ordenó se indage a dos agentes penitenciarios responsables de la custodia de un interno que se ahorcó hace cuatro años y cuatro meses.
Julio Remigio Villagra, de 41 años, murió ahorcado en la Alcaidía del Juzgado Federal de España y Dean Funes, cuando esparaba su turno para ser indagado.
Los guardias que lo tenían a su cargo fueron solicitados para su indagatoria sin embargo el juez Federal Nro1 Julio Leonardo Bavio, que tramitaba la causa, denegó ese pedido.
Eso motivó que el fiscal Eduardo Villalba, remitiera el pedido correspondiente a la Cámara de Apelaciones de Salta, que consideró que no existían pruebas suficientes para que los penitenciarios sean investigados. Coincidiendo con la postura del juez.
Esto derivó en que La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, debiera analizar los hechos.
Así el tribunal dispuso hacer lugar a un recurso del Ministerio Público Fiscal que venía solicitando la indagatoria de dos agentes del Servicio Penitenciario Federal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y ordenó a la Cámara Federal de Salta que profundice el análisis y produzca un nuevo fallo dando respuesta a los concretos planteos que le fueran efectuados.
Los agentes sargento primero Walter Oscar Aguirre, al sargento Sergio Jasón y a la cabo Miriam Elizabeth Maldonado, se encontraban a cargo del interno que resultó muerto mientras se encontraba allí.
La Cámara señaló que “que estamos ante una grave cuestión constitucional pues las investigaciones no pueden avanzar porque los sospechosos no son indagados y la Cámara no revisa las decisiones del Juez de Primera Instancia, porque considera que actúa dentro de sus facultades”.
En este sentido los jueces de casacion resolvieron hacer lugar al recurso presentado por el fiscal general Eduardo Villalba; anular la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y remitir las actuaciones para que resuelva el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal. Esta resolución se conoció el viernes y permite que la semana que se inicia se arbitren los medios para citar a declarar a los agentes que deberán aclarar su situación sobre este caso que ocurrió en enero de 2011.
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