La Provincia se ve afectada por grandes niveles de explotación en los trabajadores rurales. Nuevas inspecciones confirman la problemática, que se produce en algunas de las tierras más ricas del país
Durante sus inicios, Claraz abrazó económicamente al ferrocarril y al campo. Con el cierre de los trenes, su población dependió exclusivamente de la producción agrícola. Su infraestructura no va más allá de algunos silos, una escuela, una iglesia y unas cuantas manzanas. El trabajo infantil y en negro en el campo, forman parte del sentido común del lugar. Sin embargo, desde Uatre y el Gobierno nacional, parecieran omitir una práctica sistemática que se da en los distintos pueblos de la Provincia y del país.
“Muchos chicos de la escuela iban a alambrar casi a fin de año, entonces dejaban el colegio. También me contaba uno de los chicos que trabajaba en la estancia de unos holandeses, y lo que ganaba sólo le alcanzaba para comprar los libros de estudio”, aseguró a Hoy, Daniela Salas, profesora de Historia que hace algunos años dio clases en el Colegio 306, único establecimiento educativo del poblado. “De un curso de 28, alrededor de 10 trabajaban en el campo”, complementó la docente.
“Son muchos los chicos que se dedican a laburar en el campo, ya que es la única fuente laboral del lugar”, señala Guillermo Enriquez, productor de la zona, quien además agregó que “casi no hay inspecciones, salvo en el último tiempo”. Esta última percepción del ruralista da cuenta de que los primeros controles realizados por la Nación y la Uatre se realizaron luego del escándalo mediático que generó la denuncia a la empresa comercializadora de grano “Nidera”, donde se encontraron a 60 menores y 120 adultos trabajando en condiciones infrahumanas.
Lo anecdótico del caso es que se trata de la región donde el máximo referente de la Uatre hizo sus primeros pasos como trabajador rural, antes de posicionarse en lo más acomodado de la dirigencia sindical. De hecho, la reciente inspección realizada por el Ministerio de Trabajo provincial en la zona, arrojó un total de 271 trabajadores en condiciones irregulares, que realizaban tareas de desflore de maíz. En Necochea, puntualmente, se detectaron “220 personas, procedentes de la provincia de Santiago del Estero, que trabajaban para la empresa SMW Agro SRL. Se constató la falta de duchas, baños, agua potable y elementos de protección personal. Los dormitorios eran carromatos de 8 x 2.50 metros, en los que debían dormir 24 trabajadores”, informó la cartera en un comunicado de prensa.
“En los próximos meses, se realizarán inspecciones en la zona sur de la Provincia, ya sea para la cosecha de cebolla o de papa”, afirmó a Hoy el director provincial de Inspección del Ministerio de Trabajo, Oscar Kindzersky. Los próximos destinos serían Balcarce, Lobería y Carmen de Patagones, entre otras localidades bonaerenses.
La discusión que se viene
Los allanamientos le sirvieron al Gobierno para reimpulsar una nueva “ley de Trabajo Rural”. La tan promocionada iniciativa está a cargo del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y, según declaró en su momento: “Sería conveniente que ni las patronales, ni el sindicato hicieran lobby sobre un Parlamento dominado por la oposición para que esa ley no se mueva”, lo que demarca a las claras dónde centra el Gobierno nacional su disputa.
Para Desalvo, dicha ley “es una extensión de la que existe, ya que no se modificaría la extensión de horas de trabajo, con lo cual no hay un cambio sustantivo”.
A su vez, afirma que las personas “trabajan en esas condiciones porque no les queda otra opción, es eso o morirse de hambre”, y lo que el Gobierno debería hacer en lo próximo es “dar un subsidio acorde a la canasta familiar, para que los trabajadores pudieran elegir”.
El trabajo esclavo y una disputa disfrazada
“Los trabajadores rurales trabajan entre 12 y 14 horas por día, debiendo trabajar sólo 8, ya que es lo que les dicen cuando llegan de sus provincias. El salario que perciben (en promedio) es de $ 40 por día “, indicó a Hoy, Agustina Desalvo, Socióloga y miembro del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales(Ceics).
Asimismo, la investigadora del Conicet asegura que “es muy común que tengan que pagar el pasaje y hasta la comida. Gran cantidad de personas duermen en casillas rodantes, que son de chapas y no les permiten descansar bien”. Según sus investigaciones, “las condiciones en general son muy similares” en todo el país, más allá de que en la provincia de Buenos Aires se agrave aún más la situación, en algunas regiones como las de San Nicolás.
Lo ocurrido en “Nidera” sirvió de disparador para un nuevo cruce entre el Gobierno y el secretario general del sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Gerónimo “El Momo” Venegas. Ambos intentaron desligarse de la realidad que atraviesan los trabajadores y peones rurales.
No es menor que el titular de Uatre sea el principal impulsor del regreso a la política de Eduardo
Duhalde, y una de las personalidades con más peso dentro del Peronismo Federal. En ese sentido, Venegas acusa al Gobierno de utilizar dicha problemática para intentar cobrarle costos a uno de sus opositores en la arena política. “El Gobierno politiza este tema y no debería ser así, porque es indigno estar en las condiciones en las que están los trabajadores”, señaló Venegas en la conferencia de prensa que realizó semanas atrás. “No ha habido una actitud proactiva por parte de Uatre en este caso”, contrapuso el ministro de trabajo, Carlos Tomada, quien puso el foco sobre el gremio rural.
Lo cierto es que el trabajo insalubre y esclavo no empezó a existir a fines de 2010, y quienes hoy se muestran los dientes, hace algunos años eran aliados inquebrantables. “Esto es histórico. Los trabajadores cuentan que sus padres trabajaban en iguales condiciones”, señala Desalvo, quien a su vez advierte que dicha situación “está contemplada por la ley de Trabajo Rural, que permite la extensión del horario según la extensión de las cosechas”.
La “125” dividió no sólo al Gobierno y distintos partidos, sino que resquebrajó al sindicalismo en su conjunto. Ese fue el momento en el que se forjó el distanciamiento de Uatre con respecto al oficialismo. Tras el divorcio, la casa se llenó de abogados. “El sindicato jamás está presente y el Ministerio lo mismo. Esto surge como una disputa política enfocada hacia Duhalde. Llevan varios años en el gobierno y recién ahora intervienen”, concluye Desalvo.
Tal disputa no es estrictamente laboral o por los derechos de los trabajadores, sino que tiene una impronta política preelectoral insoslayable. El oficialismo se sirve de una situación de extrema gravedad, luego de siete años de gestión. La pregunta que cabe hacerse es: ¿el gobierno tuvo que esperar casi una década para percibir tan cruel realidad? ¿O sus acuerdos de los primeros años con Venegas determinaron silenciar la cuestión y apañar a un sindicato que optaba por mirar para otro lado?
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