La Fiscalía de Estado ya cuenta con los elementos necesarios para avanzar en la investigación de la posible "cartelización" operada entre empresas constructoras locales para repartirse entre ellas obras de vivienda y manipular de este modo la compulsa de ofertas que suponen las licitaciones públicas, mecanismos que ofrecen al Estado alternativas para seleccionar la más conveniente a sus intereses.

De tal modo, el organismo encargado de velar por la integridad del erario está en condiciones de interponer las acciones judiciales pertinentes y evitar la prescripción del o los eventuales delitos cometidos.

Los fuertes indicios de la maniobra fraudulenta fueron revelados por El Ancasti en marzo de 2012, cuando se puso en marcha una megalicitación de más de 211 millones de pesos, dividida en 39 licitaciones más chicas.

El diario accedió a una lista con el reparto supuestamente acordado entre las firmas participantes del negocio, que circuló antes de que se celebrara la apertura de ofertas.

El 2 de marzo de 2012, cuatro días antes de que el Instituto Provincial de la Vivienda, ya entonces a cargo de Dante Edgardo López Rodríguez, realizara el acto administrativo, Editorial Capayán dejó en depósito en una escribanía pública un sobre cerrado, cuyo contenido el escribano desconocía. El sobre fue sellado en las junturas a los efectos de garantizar que la documentación que contenía no pudiera ser modificada. El acto consta en la escritura N° 25, firmada en esa fecha.

El 23 de marzo, conocidas ya las ofertas presentadas por las empresas, se labró el acta de constatación, asentada en escritura N° 42, en la que se da cuenta del acto de apertura del sobre depositado y su contenido: la lista con el reparto de las obras anterior a la apertura de las propuestas.

Sugestivas coincidencias

Las coincidencias entre ambas nóminas pusieron bajo sospecha todo el proceso licitatorio, que venía controvertido desde un principio por el escaso margen temporal que dejaba para reunir una serie de exigentes requisitos a quienes pretendieran entrar en él.

Se presentó una sola oferta por barrio. Es decir: no hubo competencia efectiva en ninguna de las 39 licitaciones que conformaban la megalicitación.

Solo una de las firmas que figuraba en la lista previa no ofertó. El resto lo hizo, en su inmensa mayoría exactamente en la licitación que se les habría asignado con anterioridad.

A esta ausencia de compulsa, de por sí curiosa, se sumaban las concomitancias.

27 ofertas coincidieron exactamente con la lista previa: casi el 70% del total.

Dos licitaciones que en la lista original estaban en blanco no registraron ofertas. En otras que tampoco habrían sido asignadas previamente se presentaron firmas que, si el listado previo es real, ya tenían otro negocio cerrado.

Pese a lo sugestivo de los datos, nadie indagó sobre un posible pacto entre los integrantes de la corporación constructora que, obviamente, repercutiría en un incremento de los precios que el Estado paga por las viviendas sociales y, en consecuencia, el que pagarían luego los adjudicatarios.

No lo hizo Fiscalía de Estado, tampoco Defensa del Consumidor por los precios superiores que, en última instancia, pagarán los adjudicatarios por las viviendas, y mucho menos la Justicia.

La ausencia de trámites investigativos hasta ahora supone el riesgo de que la comisión de los eventuales ilícitos prescriba por mero transcurso del tiempo, pero el hecho de que la Fiscalía de Estado cuente con elementos concretos para impulsarlos permitiría impedir la impunidad.