Lo dijo ayer, en el marco de un extenso reportaje con Cadena 3, pero no dio precisiones sobre cómo y en qué se gastaron esos dineros. “El juez de la causa va a hacer pública la documentación que la Agencia Córdoba Turismo le envió”, dijo De la Sota. Como se sabe, el Carnaval es investigado por el fiscal Anticorrupción de la Provincia, a raíz de una denuncia penal presentada meses atrás por legisladores del Frente Cívico. El funcionario judicial estableció el secreto de sumario en la causa, y la información no está accesible a la prensa ni a la población en general.

“La Provincia recaudó muy bien por esta fiesta, por la venta de entradas y por los sponsors y el monto total, si la memoria no me es infiel, no llega a los 3.800.000 pesos invertidos directamente por el Estado provincial”, dijo el mandatario, que calificó de “política” la denuncia del juecismo.

En Anticorrupción

Anoche, la legisladora Liliana Montero, una de las denunciantes del Carnaval, se preguntó vía Twitter por el futuro de la causa que investiga el fiscal Anticorrupción, Hugo Amayusco, y deslizó que el futuro es el archivo. De hecho, esa puede ser una de las decisiones que tome Amayusco: desestimar la denuncia y pasar a archivo. Pero también podría requerirle a la jueza de Control, Ana María Lucero de Offredi, que inicie una investigación, o podría encararla él mismo.

El tema es hasta dónde quiere llegar Amayusco o la jueza de Control. Si investigará si las cifras que informó la Agencia Córdoba Turismo (los famosos 3,8 millones de la Provincia más los aportes privados) son compatibles con el megafestival que se montó entre el 16 y el 18 de enero pasado en el Kempes, con un despliegue inusitado para Córdoba. Que, como se sabe, reunió a decenas de solistas y grupos musicales y se realizó sobre tres tríos eléctricos traídos especialmente desde Salvador de Bahía, con equipos humanos incluidos, y se televisó en directo por Crónica TV.

En ese caso, la Justicia debería solicitar una pericia contable que determine cuánto costó realmente el Carnaval, que ya tiene fecha para 2014. El tema se complica porque la denuncia del Frente Cívico es contra De la Sota y el titular de Turismo, Gustavo Santos. “Una pericia que involucre al gobernador es poco probable”, admiten en Tribunales. “Está en juego un funcionario, el gobernador, que tiene privilegios por ser tal”, resaltó. Otra posibilidad, “políticamente más viable”, afirman en los corrillos, sería que la Justicia investigue directamente a Santos y al Directorio de la Agencia.

Aseguran para la Justicia avanzar hacia el interior de los gastos o quedarse en la formalidad de la información del costo total informado por la Provincia, y desestimar el tema, como anoche apostó la legisladora opositora.