“Hemos aplicado el criterio de celeridad, pero el manejo es razonable”, fueron las palabras del secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, frente a las comisiones de Obras Públicas y Ambiente y Urbanismo y Vivienda de la Cámara Baja, en referencia a la evaluación que se está realizando para confirmar si el proyecto minero metalífero San Jorge es viable para la provincia. El diputado Roberto Blanco, del Peronismo Federal y presidente de la Comisión de Obras, fue quien convocó al funcionario del Ejecutivo, porque, aseguró, había opiniones encontradas.

“Hay aspectos que no coinciden dentro del ámbito del Gobierno”, argumentó el legislador. Pero Carmona, en su explicación, aseguró que desde el Ejecutivo están siendo muy cuidadosos en el marco legal, ya que este es el primer proyecto de explotación metalífera dentro de la ley 7.722, que prohíbe el uso de determinadas sustancias químicas que contaminan el medio ambiente, como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas que se utilizan en los procesos mineros. Por su parte, la empresa Coro Mining Corp, que tiene a cargo el proyecto San Jorge en Uspallata, plantea la demora del Ejecutivo en el dictamen de impacto ambiental (DIA), pero Carmona afirmó que en la gestión de Jaque se han aprobado más proyectos que en los últimos 25 años.

Y, como ejemplo, citó Uhemul, Potasio Río Colorado, Llancanelo y Sierra Pintada. “Soy el antiminero más contradictorio, porque debo cumplir con mi función”, dijo el funcionario, y añadió que le molesta tener que dar explicación cuando los proponentes realizan acusaciones como las de las solicitadas publicadas en los medios gráficos de la provincia. “La simplificación de anti o prominería no ayuda. Yo no voy a ser un obstáculo de las decisiones del gobernador”, acotó.

También agregó que San Jorge lleva 27 meses de evaluación, mientras que el de Potasio Río Colorado estuvo 33 meses para ser aprobado, y sumó a la comparación el proyecto Pascua Lama, en San Juan, que estuvo dos años en proceso. Por su parte, la Comisión Evaluadora de Impacto Ambiental Minero (CEIAM) sigue trabajando sobre una matriz donde se leen cada uno de los dictámenes sectoriales de las 11 entidades. El secretario de Ambiente dijo que han recibido numerosos informes que servirán para fundamentar el DIA, pero señaló que la mayoría de ellos expresan un “ni”.

En este punto, Blanco cuestionó que el Departamento General de Irrigación (DGI) emitiera tres dictámenes que se contradicen entre sí, tras lo cual Carmona explicó que, a veces, los organismos piden determinada información, y cuando la empresa se las entrega, tienen que emitir un nuevo informe. La discusión es si las aguas del arroyo El Tigre, considerado una cuenca, pueden ser utilizadas para la explotación mineral. La empresa afirma que como el arroyo nace y muere en los terrenos de su propiedad privada, las aguas le pertenecen.

Pero el punto es que, al ser cuenca, es de bien público. La Secretaría de Medio Ambiente por ahora está avanzando en el estudio de los residuos en el aire, el impacto económico-social en la población de Uspallata y los procesos en los que se utilizaría el xantato (producto sólido usado en la flotación de minerales sulfurados y metálicos). En la reunión también estuvo un momento el presidente de Diputados, Jorge Tanús, y los miembros de las comisiones. Algunos de ellos desconocían que el expediente de unas 7.000 fojas ya estaba a disposición de los legisladores desde hacía tiempo. “Muchos están interesados en el dramatismo. Si las cosas no se hacen bien, la provincia está en juego. Al gobernador alguien le puso fecha para la entrega de la DIA, pero no vamos a aceptar chicanas de ningún proponente”, afirmó Carmona.

Aguas del río Atuel

El Tribunal Latinoamericano de Aguas aceptó el pedido de la fundación pampeana Chadileivú de exigirle a Mendoza un caudal permanente del río Atuel. Sin embargo, Guillermo Carmona, secretario de Medio Ambiente, desconoció a este tribunal e indicó que el fallo de la Suprema Corte de 1987 señala que “se regule la utilización en forma compartida entre ambas provincias de la cuenca del río Atuel y sus afluentes, siempre que la Provincia de Mendoza mantenga sus usos consuntivos”.