Fueron años de reclamos, rechazos, investigaciones nuevas y dilaciones que hoy son incomprensibles. Hasta hace unos días, ninguno estaba preso. Todos habían sido beneficiados de un modo u otro por la vieja y corrupta Cámara Federal o por magistrados de primera instancia que entendían que no era el momento o no había pruebas suficientes. Y, de un instante para el otro, juicios, condenados y una ola de pedidos de detenciones para ir hasta el último integrante del aparato represivo que actuó en Mendoza durante la última dictadura militar.

Esa es la síntesis de la lucha de los organismos de Derechos Humanos en nuestra provincia. Peleas, discusiones, frustraciones y, finalmente, una luz de donde aferrarse para poder llevar ante la Justicia a los militares, policías y civiles que secuestraron, torturaron, asesinaron y ocultaron cuerpos entre 1975 y 1976.

Algo tarde, es cierto. Ocurrió con el ex camarista Otilio Romano y ahora con el ex comisario y el subsecretario de Seguridad Carlos Rico. Cuando llegó el momento de ponerlos tras las rejas, se habían ido, escapado. Ambos están prófugos; el primero, con un pedido de extradición en proceso en Chile. El segundo lo buscan desde hace unos días, luego de que la Cámara Especial para delitos de lesa humanidad confirmara que debe ser imputado por ser partícipe de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asesinato, y que deberá seguir el resto de la causa hasta su juicio en prisión.

Sucedió lo mismo con la llamada "patota de la Federal". La orden de detención en contra de ellos apareció más de cinco años después de la presentación de las pruebas, y con algunas desestimaciones en el camino.

Tanto con Romano como con los policías federales y Rico es necesario hacer hincapié en la responsabilidad que tuvieron los diferentes actores del Estado.

Por un lado, el juego de intereses dentro de los Tribunales Federales. Jueces que actuaron según los nombres de los involucrados y los momentos políticos; y las diferencias de criterios, antagónicos, que quedaron expuestas en el tratamiento de un mismo caso. Algunos mandaron a detener a todos y otros minimizaron los casos. O la mirada esquiva de la Corte de la Nación con Romano, a quien mantenían a cargo de la Superintendencia jurisdiccional a pesar de los cargos en su contra.

Por el otro, nadie puede olvidarse de la participación que tuvo Carlos Rico en democracia, donde llegó a ser el segundo hombre más importante de la provincia en materia de seguridad.

Su caso es testigo para que todos los partidos políticos que se jactan de la defensa de la democracia como sistema de gobierno y estilo de vida, repasen uno a uno quiénes están entre sus filas y quiénes son las personas que participan en las plataformas de los candidatos.

En este punto, los tres partidos tradicionales de Mendoza tienen cuentas que rendir.

El radicalismo no ha hecho mea culpa sobre la participación de Luis Alberto Stuhldreher, represor sanrafaelino prófugo, que ocupó un cargo clave en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Julio Cobos. Nadie habla del tema, a pesar de que se trata de una figura buscada internacionalmente y sobre quién pesa un ofecimiento de recompensa para dar con paradero.

Mucho menos ha existido autocrítica por parte de justicialistas o demócratas por la historia de Rico. El PJ directamente prefirió olvidar y escudarse con que desde Casa de Gobierno promovieron la denuncia contra Rico.

Celso Jaque terminó su periodo sin siquiera hacer un comentario al respeto. Nunca explicó por qué tercerizó el Ministerio de Seguridad al Partido Demócrata y por qué nunca pidió explícitamente la renuncia de un funcionario sospechado de actuar en la época más oscura y nefasta de la historia argentina. Lejos de eso, se sacó el problema de encima y sacó sutilmente del gobierno a todos los sectores que hacían ruido con el tema, incluyendo a los representantes de los organismos de Derechos Humanos que habían ocupado un puesto clave en esa área.

El PD, en tanto, levantó la apuesta. No sólo apañó a Rico, sino que aseguraron que si en aquel momento Omar De Marchi hubiese ganado las elecciones, el ex comisario integrante del GE78 (Grupo Especial para el Mundial de 1978) hubiese sido el ministro de Seguridad.

Rico no era un personaje más en los años de plomo. Era una suerte de policía modelo para los represores. Se había especializado de tal manera en la llamada "lucha contrasubversiva", que llegó a ser instructor de la misma.

Su firma apareció en una de las fojas del cuaderno de novedades de macabro de D2, para dejar asentado el traslado de una serie de detenidos y su rostro fue reconocido por testigos.

Aún así, debieron pasar más de cuatro años y varias apelaciones judiciales para que su pedido de captura internacional se emitiera. Y cuando ocurrió, Rico, que había mostrado una gran predisposición para someterse a un tribunal, mostró la hilacha y se fugó.