Las unidades penales están en Entre Ríos al borde del colapso. La capacidad de las cárceles está sobrepasada y las estadísticas muestran que en los últimos cinco años se ha duplicado el número de reclusos: de 746 internos que había en 2011, el número trepó a 1.752 personas en estos días, entre condenados y procesados.

El director general del Servicio Penitenciario, José Luis Mondragón, admitió que “en los últimos cuatro años” se produjo “un notorio incremento de la población penal” y con el ingreso sostenido de internos, las unidades penales de la provincia están prácticamente colapsadas. “Hemos tenido que alojar internos en lugares donde antes funcionaban oficinas, talleres y depósitos; en Paraná, por ejemplo, se tuvo que utilizar la capilla, donde hay 47 personas alojadas”, describió Mondragón. En la Unidad Penal Número 1 de la capital provincial hay, en este momento, 662 internos.

El incremento de presos se atribuye, principalmente, a la puesta en marcha del nuevo Código de Procedimiento Penal de la provincia que, según dicen en el Poder Judicial, privilegia la oralidad y acelera los plazos de resolución de las causas penales. El nuevo sistema procesal comenzó a implementarse por etapas a partir de 2009, hasta completarse en septiembre de 2014 con la puesta en vigencia en Paraná, consignó El Diario.

Las estadísticas revelan un incremento en la población penitenciaria del 134,8% respecto de hace cinco años. Para dar respuesta, el gobierno anunció que tiene en estudio la construcción de una nueva unidad penal, tras una reunión de Gustavo Bordet con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak.

“Lo ideal sería contar con una nueva unidad penal”, admitió el director penitenciario Mondragón. Pero reveló ahora que en el Gobierno “se está buscando financiamiento” ya que “se trata de una inversión muy importante” y explicó: “se necesita de la ayuda de la Nación o de aportes externos". Como ejemplo del monto, sugirió que "algunas estimaciones indican que el costo puede alcanzar a un millón de pesos por interno que se quiera alojar”

En diálogo con Radio Máxima, Mondragón remarcó que “desde el Servicio Penitenciario se han logrado los medios, a través del Ministerio de Gobierno, para adaptar espacios ya existentes y está en marcha la construcción de nuevos pabellones”. Según dijo, la situación más crítica es la de Gualeguaychú: “Es la unidad penitenciaria más deteriorada de la provincia, la que menos posibilidades ofrece para desarrollar actividades para la población penal y la que nos tiene altamente preocupados”, dijo.

En cuanto a las características que debería tener la nueva cárcel, explicó que “ha variado el concepto de seguridad, que antiguamente significaba altos muros, mucho personal armado y el interno cuasi-depositado. Actualmente, la seguridad en materia penitenciaria se plantea desde otros ejes, como la educación y el trabajo, para mantener a los internos ocupados en saberes y aprendizajes. Esto es mucho más importante que las rejas y los muros”, sentenció.