El juicio oral contra la banda narco que envió una tonelada de cocaína a Portugal, escondida en embarques de carbón vegetal que habían salido de la localidad chaqueña de Quitilipi, entró en su etapa de definición con los alegatos de la querella en los tribunales de Resistencia.

Ayer, los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Aduana, pidieron que los acusados sean condenados a penas de entre 16 y 28 años de prisión.

Al alegar ante el Tribunal Oral Federal (TOF), los querellantes solicitaron 28 años de prisión para el abogado Carlos Salvatore y el empresario Patricio Gorosito; y 23 años para los comerciantes Carlos Pérez Parga, y Héctor Ángel Roberto. Además de 16 años para Rubén Félix Esquivel. Según los abogados de AFIP y Aduana, fueron coautores de contrabando agravado de estupefacientes y conformaron una asociación ilícita. Esta semana, la Cámara Federal de Resistencia cuestionó la jurisdicción donde debería tramitarse la causa por lavado de dinero y la resolución fue apelada por la fiscalía. Ese expediente todavía está en etapa de instrucción y debería continuar en la ciudad de Sáenz Peña donde se originó (ver aparte).  

Se esperaba que el Ministerio Público también pidiera una pena de entre 20 y 25 años para Gorosito y Salvatore por el delito de contrabando de drogas. Al cierre de esta edición, los jueces Eduardo  Belforte, Ramón  González y Aldo Alurralde seguían con los alegatos de la partes.

Según la jueza chaqueña que instruyó la causa, Zunilda Niremperger, el líder de la banda sería Salvatore, quien está preso en la cárcel de Ezeiza, desde donde siguió el juicio por videoconferencia. Para los fiscales, Gorosito era quien se encargaba de realizar las operaciones en Europa, al tiempo que Roberto era enlace entre los dos primeros, Parga era el gerente de producción y Esquivel estaba a cargo de la planta en Quitilipi.

El contrabando de cocaína se dividió en tres envíos: el primero fue descubierto el 8 de marzo de 2012, cuando se secuestraron 380 kilos de esa droga en Cabanas do Chão, cerca de Lisboa, en el marco de una supuesta exportación de carbón de Chaco.

Según la acusación, la droga estaba mezclada con bolsas de la empresa Carbón Vegetal del Litoral que habían sido enviadas desde Quitilipi e inspeccionadas primero por la aduana de Barranqueras y luego en el puerto de Buenos Aires.

El segundo de los hechos ocurrió cinco días después cuando en una requisa de dos contenedores de la misma firma que se encontraban en las terminales 1, 2 y 3 del puerto porteño e iban a ser embarcados a Portugal se hallaron bolsas que contenían 519 kilos de cocaína. El  11 de abril del mismo año, también en Lisboa, fueron secuestrados 152 kilos de esa droga en un contenedor de Carbón Vegetal del Litoral.

Durante la pesquisa, se determinó que Salvatore tenía participación en 20 sociedades comerciales de distintos rubros y con cuentas bancarias y propiedades en Argentina, Uruguay y Estados Unidos y fue procesado en una causa por lavado de dinero del narcotráfico.

En ese expediente, la jueza Niremperger dictó embargos para los procesados –entre ellos, la esposa, la hija y el suegro de Salvatore– por más de 1600 millones de pesos.

Además, el abogado es investigado en la justicia federal porteña por la supuesta promesa que le hizo a su esposa de asesinar a la magistrada y que se descubrió a través de una serie de escuchas telefónicas. «