Los condenados recibieron penas que van entre los 21 y 12 años de cárcel por tres hechos cometidos entre 2011 y 2012. Además los integrantes del tribunal revocaron la excarcelación que gozaban por lo que ordenaron su inmediata detención.

La sentencia sorprendió a todos porque los representantes del Ministerio Público Fiscal no habían solicitado la pena por asociación ilícita pero la querella, AFIP-Aduana, alegó a favor de esta figura y mantuvo la acusación pese a que parecía que no había suficientes elementos. En cambio, los fiscales, habían pedido, que sean detenidos por el peligro de fuga.

A su vez, fue un duro golpe para los defensores que volvieron a mencionar que existieron presiones externas y pusieron en duda que la renuncia del primer presidente del tribunal, Rubén Quiñonez, se concretó por problemas de salud.

Críticas de los abogados

Uno de ellos fue el abogado de Carlos Salvatore, Claudio Lifschitz, que mientras realizaba algunos trámites en el tribunal y hablaba con el resto de los condenados, en especial Esquivel, que sufrió un pico de presión, señaló que “es una sentencia ridícula. Ahora vemos el porqué de la salida de Quiñones”.

“Sin ninguna prueba se condenó a una persona a 21 años cuando no se debió condenarla. Vamos a ir a la Cámara Nacional de Casación Penal, la Corte Suprema y la Corte Interamericana”, agregó.

“Llamó la atención la inmediata detención de estas personas que gozaban de la excarcelación siendo que en muchos casos los condenados no fueron arrestados hasta que la sentencia quedó firme”, señaló.

“Entiendo ahora las palabras del tribunal que antes de la lectura de la sentencia donde afirmaron que no estaban presionados. No hay que aclarar porque oscurece, evidentemente los magistrados estaban presionados”, definió el abogado.

Esta última declaración está relacionada con las palabras que dio el presidente del tribunal, Eduardo Ariel Belforte, para responder lo que expresó, durante su alegato, el otro defensor de Salvatore, Luis Sasso.

Belforte indicó ayer a la mañana que “no recibieron presiones de ningún tipo ni antes ni durante el juicio y que el fallo es un reflejo de los elementos que fueron presentados por los acusadores y los abogados”.

A su vez el abogado de Pérez Parga, Carlos De Césare, determinó que “no se imagina que elementos pudieron tener en cuenta los jueces para condenar a su defendido. Las penas son desmesuradas no tienen correlato con el ilícito”.

Las penas

Si bien el veredicto del tribunal no detalló que rol tuvo cada condenado por las penas que recibieron se puede establecer que los magistrados definieron los grados de quienes serían los integrantes de esta organización.

Salvatore fue condenado a 21 años de prisión y al ser el imputado que mayor pena recibió se puede inferir, que para los jueces, es el jefe de la asociación ilícita. Además de ser el que organizó el contrabando de estupefacientes.

En cambio Patricio Gorosito,  con 19 años de presión, debió tener un grado menor a Salvatore. Tal como lo había definido la policía española en su investigación: “reportaba a un jefe en la Argentina”.

Donde coincidiría con la querella, que fue la que ratificó la asociación ilícita, más allá de que la pena fue menor, es con los roles que tuvieron Pérez Pagar y Roberto, que fueron condenados a 17 años de prisión. Es decir, tendrían el grado de organizadores.

También sería el caso de Rubén Esquivel, el de menor condena: 12 años. Y por lo tanto debió actuar con el grado de integrante de la asociación ilícita, tal como lo mencionaron los abogados de AFIP-Aduana.

Finalmente el tribunal entendió que los cinco imputados cometieron en tres oportunidades el delito de contrabando de estupefacientes agravado por tener la finalidad de comercialización y por el número de personas involucradas.

Los últimos minutos de libertad

Quizás el golpe más duro para los imputados fue la pérdida del beneficio de la excarcelación y en tal sentido aprovecharon como pudieron los últimos minutos antes de ser trasladados por el personal del Servicio Penitenciario Federal a la cárcel regional conocida como U7.

A casi todos se les escapó una lágrima mientras hablaban por celular con sus familiares más directos. La última charla antes de estar en algún establecimiento penitenciario federal bajo un régimen, que no es nada blando.

Si bien todos ellos ya pasaron un tiempo en prisión, incluso Peréz Parga, admitió en sus últimas palabras que se había acostumbrado a la vida en la cárcel, regresar a ese derrotero no les resultó nada grato.

Además como todos ellos tienen algún problema de salud, recibir la adecuada atención es una gran preocupación que se suma a otras. Y uno de ellos habría sido hospitalizado por el pico que padeció.

Gorosito pareció mostrarse fuerte y hasta le dio las llaves de su auto y un poco de dinero a un allegado suyo, pero no dudó en verificar su estado de salud con un paramédico que fue destacado por el tribunal.

Su defensor, Silvio Piorno, adelantó que pedirá al tribunal el beneficio de la prisión domiciliaria dado que Gorosito tiene serio inconvenientes físicos y requiere de atención especial que no puede ser brindada en un instituto carcelario.

“No tenemos problemas que dispongan de una custodia en la puerta de la casa y que use el sistema electrónico, pero para preservar su vida necesita estar en su domicilio no en una cárcel”, destacó ante los periodistas.

Palabras finales

Antes de que el tribunal lea la sentencia los condenados tuvieron la posibilidad de hablar por última vez antes de que los jueces Belforte,  Ramón Luis González y Aldo Alurralde deliberen para definir la responsabilidad de ellos.

Todos ratificaron su inocencia y confianza en los magistrados que  más tarde fallaron en su contra. El primero en hablar fue Salvatore que al estar detenido en la cárcel de Ezeiza usó el sistema de video conferencia.

El que más se extendió fue Gorosito que, pese a que los magistrados le recordaron que no era una indagatoria, acusó a otro condenado de mentir y recordó que el declaró saber quienes cargaron la droga.