En su presentación ante el Senado, el jefe de Gabinete dijo que el autoacuartelamiento policial del 3 y 4 D fue “un atentado contra la democracia”.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que las protestas de las fuerzas policiales que ocurrieron a mediados de diciembre en varias provincias, entre ellas Córdoba, “no pueden volver a ocurrir” porque implicaron una “afrenta a la democracia”. A su vez, el funcionario nacional dijo que el conflicto entre la Nación y Córdoba por fondos que reclama el Gobierno provincial por la Caja de Jubilaciones “está en la Justicia”, tras lo cual recordó que Córdoba “no armonizó” su sistema jubilatorio con el que rige en la Anses. Como se sabe, el gobierno de José Manuel de la Sota reclama una millonaria deuda a la Anses, por convenios de financiamiento supuestamente no cumplidos, y finalmente llevó el tema ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha expedido. Con todo, Capitanich aseguró que en este y en otros temas donde hay rispideces con Córdoba “se seguirá dialogando”.
El funcionario expresó estos conceptos en el marco del extenso informe de gestión que brindó ayer a partir de las 14.30 y durante largas horas en el Senado de la Nación.
A instancias de la senadora radical Martha Borello, que le preguntó sobre el estado de ejecución de la autovía sobre la Ruta 19, teniendo en cuenta la merma presupuestaria para esta obra en el corriente año, Capitanich remarcó que la obra cuenta con proyectos ejecutivos finalizados y dijo que en dos meses habría novedades sobre la financiación de la Corporación Andina de Fomento, según dijo la senadora a este diario.
Por otra parte, el funcionario lanzó críticas a la tasa vial, de la cual opinó “provoca distorsión tributaria” en la provincia de Córdoba. Este tema también está en los despachos de la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Ministerio de Economía denunciara el gravamen por supuesta inconstitucionalidad.
Capitanich, asimismo, hizo referencia a la abultada deuda que la Epec mantiene con la Anses por la construcción de la central de Pilar, deuda en dólares que supera los 560 millones en esa moneda. Al respecto, se mostró “proclive al diálogo” entre las partes y dijo que “se está trabajando en una reestructuración” del pasivo. De hecho, el jefe de Gabinete aseguró que continuará con la agenda de diálogo con los gobernadores de las provincias.
Según Borello, el funcionario nacional “no dio respuestas concretas para los cordobeses” y “estuvo light” en sus aportes. “Dijo que todo está en estudio, pero no dio ninguna respuesta concreta”, afirmó la radical.
“Hubo una acción deliberada para desestabilizar”
El tema policial fue una respuesta a una consulta de la senadora radical Silvia Elías de Pérez sobre los motivos por los cuales el Gobierno nacional no mandó la Gendarmería a Córdoba en la misma jornada que se sucedió la protesta policial y los saqueos.
En ese contexto, el jefe de Gabinete rechazó la posibilidad de que haya existido “discriminación política” hacia esta provincia, y recordó que “la Gendarmería no se transporta en forma automática sino que hay procedimientos” para que pueda ser enviada fuera de sus cuarteles. Recordó que el propio gobernador José Manuel de la Sota tuvo que regresar del exterior “para resolver esta cuestión”.
El jefe de Gabinete señaló que a partir de ese momento hubo “una estrategia preventiva de crisis” y “nos ha generado preocupación porque hubo una acción deliberada tendiente a lograr una desestabilización”.
“Esas acciones fueron una afrenta contra la democracia”, apuntó y señaló que las “fuerzas de seguridad están para preservar la libertad, el patrimonio y la vida de los ciudadanos, y no es una patente para cometer delito”. En ese sentido, Capitanich recalcó que es fundamental “el cumplimiento de la ley para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir”.



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