La Dirección General de Administración del Superior Tribunal de Justicia realizó en el Centro Judicial de Santa Rosa una jornada de capacitación sobre mediación judicial destinada a los jueces de paz de la I circunscripción, que tiene su cabecera en Santa Rosa. “La mediación no viene a sustituir nada; es una herramienta del Poder Judicial para ampliar la oferta de caminos alternativos para la solución de los conflictos”, indicó Lidia Inés Pechín, coordinadora provincial del Centro Público de Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos Judiciales.

Ella, junto a María del Carmen García Fava, directora de la Oficina de Mediación de General Pico, fueron las capacitadoras de los jueces de paz de Santa Rosa, Eduardo Castex, Anguil, Uriburu, Lonquimay, Catriló, Winifreda, Toay, Ataliva Roca, Macachín, Doblas, Rolón, Tomás Manuel de Anchorena, Miguel Riglos, Conhelo y Monte Nievas.

Al encuentro también concurrieron sus pares de Guatraché y Quehué, a pesar de que estas localidades forman parte de la III circunscripción, porque el año próximo también se implementará en ella este nuevo servicio de justicia.

La apertura de la reunión de trabajo estuvo a cargo del presidente del STJ, Hugo Oscar Díaz, y de la ministra Elena Victoria Fresco, responsable del tema Mediación dentro del ámbito del tribunal. Allí Díaz anunció que se continuará con el proceso de capacitación y puso al Poder Judicial a disposición de los asistentes para aclararles dudas o ayudarlos ante eventuales inconvenientes.

En la jornada de formación, más allá de las pautas generales sobre la Ley de Mediación Integral que rige en La Pampa desde el 1 de noviembre, las capacitadoras subrayaron el rol protagónico que cumplen los jueces de paz en el sistema de notificaciones, fundamentalmente en pueblos pequeño, y explicaron que a partir de ahora el sistema se agilizará porque ellos ya no tendrán que redactar las cédulas de notificación sino que las recibirán a través de mails.

“El objetivo es que la primera audiencia de mediación se realice”, remarcó Pechín, al aludir a la importancia de los jueces de paz en el procedimiento, remarcando que solo deberán concretar la primera notificación porque las restantes ya no dependen de ellos. “La asistencia al proceso es obligatoria”, agregó Pechín. A tal punto es así que la norma prevé multas para quienes no concurran.

“Hay que estimular a la gente para que se siente a hablar de sus problemas, porque en definitiva la mediación promueve charlas para que cada uno cuente lo que le pasa”, indicó García Fava. Justamente la ley 2699 es un mecanismo no adversarial de resolución de conflictos de común acuerdo y en un plazo breve de no más de 60 días.

Ambas coincidieron en destacar que la meta final es encontrar opciones que satisfagan las necesidades de las partes, y no alcanzar “sentencias que terminan siendo victorias pírricas porque llegan tarde”. También Pechín y García Fava se ofrecieron a concurrir a cualquier lugar cuando surjan inconvenientes que los jueces de paz no puedan solucionar.

Al final, Marcelo Rebuffi, a cargo de la Dirección General de Administración, se refirió a las facultades que tienen estos funcionarios para actuar en los procedimientos relacionados con la ley provincial 2272 de Violencia Familiar.