El diputado de la UCR, José Cano, formalizó hoy un pedido de Juicio Político en contra del juez Norberto Oyarbide. También impulsó una denuncia penal contra el Magistrado y en contra del subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, Carlos Emilio Liuzzi. Las presentaciones se vinculan con la suspensión de una orden de allanamiento a la Asociación Mutual Propyme en el marco de una causa en la cual se investiga el presunto delito de lavado de activos.

Cano firmó las presentaciones con sus pares Manuel Garrido y Mario Negri, luego de que el propio Oyarbide confirmara que suspendió la medida judicial tras recibir un llamado del segundo de Carlos Zannini, mano derecha de la presidenta Cristina Fernández. Los parlamentarios aseguraron que se trata de un caso de una gravedad inusitada.

“Oyarbide está admitiendo que tiene contactos informales con el Poder Ejecutivo y que suspendió un procedimiento judicial por pedido de un representante del Poder Ejecutivo. Lo expuesto adquiere mayores ribetes de oscuridad si tenemos en cuenta que, hace escasos meses atrás, el magistrado archivó una causa judicial en la que se investigaba el posible enriquecimiento ilícito del Liuzzi. Ese funcionario habría llamado para frenar el allanamiento”, consigna la presentación que ingresó en forma paralela al Consejo de la Magistratura y a los tribunales federales con sede en Buenos Aires.

“Al suspender el procedimiento a raíz de un llamado telefónico de un funcionario del Poder Ejecutivo, el juez perjudicó la investigación e implicó el incumplimiento de su deber de promover la persecución penal y asegurar la prueba que de otro modo, sería imposible producir. Liuzzi actuó con miras de evitar la correcta administración de justicia y averiguación de la verdad en el marco de una causa penal, ayudando a los imputados a bloquear una medida de prueba que podía perjudicarlos y a ocultar elementos que incriminantes”, insiste la demanda firmada por Cano, Garrido y Negri.

El expediente que se tramitará ante el Consejo de la Magistratura busca que se abra un Jury de Enjuiciamiento para destituir a Oyarbide. La denuncia penal apunta a determinar la responsabilidad de Oyarbide y de Liuzzi en un supuesto prevaricato, también vincula al Magistrado y al funcionario en el delito de omisión de persecución penal y en encubrimiento.