Desde el inicio, el proceso electoral tucumano fue cuestionado duramente desde los sectores opositores al gobierno. La desaparición de los archivos de las filmaciones que debían captar el tránsito de las urnas dentro de la Junta fue la gota que rebalsó el vaso. A raíz de esta situación, que fue denunciada en la jornada del miércoles por el Acuerdo para el Bicentenario (ApB), desde la oposición tomaron la decisión de retirar a sus apoderados del escrutinio definitivo y no avalar los resultados que arroje.

En este marco, esta mañana, José Cano y Domingo Amaya, la fórmula del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), en conferencia de prensa, confirmaron que no avalarán el escrutinio definitivo, criticaron a los miembros de la Junta Electoral Provincial (JEP) y brindaron detalles de la denuncia penal presentada que involucra, además de las autoridades de la Junta, a miembros de Gendarmería Nacional, del Correo Argentino y al propietario de la empresa dueña de la cámaras de vigilancia.

“Hemos agotado todas las instancias en la JEP. El día de los comicios denunciamos grandes irregularidades en la carga de los datos, y curiosamente nos dan la razón pero no suspenden el escrutinio provisorio. Posteriormente, hicimos el pedido de apertura de todas las urnas pero la Junta, con una complicidad preocupante con el oficialismo, nos denegó el pedido, por lo que concurrimos a la instancia de lo Contencioso Administrativo”, relató el candidato a gobernador José Cano.

Este lunes, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió obligar a la Junta Electoral Provincial abstenerse de proclamar a los vencederos en el escrutinio definitivo en tanto se resuelva el juicio que se lleva adelante tras el planteo de nulidad de los comicios del 23 de agosto presentado por el ApB.

El planteo de la oposición estaba argumentado en el testimonio de un empleado de la JEP, quien denunció que las urnas llegaban abiertas y sin custodia a la sede de Mendoza 1050, por lo que los videos del movimiento de las urnas en la sede donde se realiza el escrutinio definitivo son consideradas por el ApB pruebas fundamentales para comprobar el fraude que denuncian.

Todo esto motivó el requerimiento de la Cámara en cuestión de una serie de documentos y archivos a la JEP, con el fin de desestimar o confirmar el presunto fraude.

El pedido de la Justicia obligó a Gendarmería a admitir los defectos de los videos que debían captar el tránsito de las urnas dentro de la Junta. Según la explicación técnica, la filmación fue afectada por problemas de tensión eléctrica ocurridos el 23 y el 24 de agosto, es decir, el día de las elecciones y la jornada subsiguiente.

Para Cano no quedan dudas de que se trata de “una coartada judicial para encubrir el hecho ilícito de la manera en que llegaban las urnas”. “Es escandaloso que (Darío) Almaraz –Secretario de la JEP- argumente que curiosamente los registros de los días 22, 23 y 24 de agosto se borraron. Lo que corroboran los testimonios de los jóvenes que trabajan en la JEP eran estas filmaciones (…). Almaraz es un chanta”, agregó.

Las cámaras de vigilancia pertenecen a la empresa “Info FOJ”, con domicilio legal en la provincia de Santiago del Estero y con sólo 52 facturas emitidas hasta su contratación para las elecciones tucumanas, cuyo propietario Francisco Omar Jiménez (responsable de la empresa, cuya fecha de alta comercial es el 1 de enero de 2015), sería, según la oposición, un empleado del oficialismo de la provincia vecina. “Es escandaloso que se contrate a una empresa trucha, cuyo dueño es un empleado del gobierno de Santiago del Estero, nombrado por el ex gobernador Gerardo Zamora, y que no tiene antecedentes en haber prestado este tipo de servicios técnicos”.

“El doctor Gandur se tiene que hacer cargo de haber contratado un servicio trucho y de no haber controlado que ese servicio, que no es menor si no que se trata de preservar la transparencia, efectivamente se haya efectuado. Esto legitima todas las irregularidades que venimos denunciando (…). Gandur tenía la posibilidad de quedar en la historia o formar parte de esta trama irregular, lamentablemente vemos que eligió el camino inadecuado”, disparó Cano.

Ante esta situación, los abogados del partido opositor realizaron hoy una presentación en la Justicia Federal, imputando a los Secretarios de la Junta Electoral, Darío Almaraz y Alfredo Iramain, a miembros de la Gendarmería Nacional,  del Correo Argentino y al propietario de las cámaras de seguridad, por formar parte de una “asociación criminosa” y por “cohecho”.

Según el documento que ingresó esta mañana en los despacho del Juez Fernando Poviña, titular del Juzgado Federal Número II, y del Fiscal Federal Pablo Camuñas, los miembros de Gendarmería Nacional y del Correo Argentino señalados, y los secretarios de la Junta (Almaraz y Iramain) formarían parte de un organización ilícita destinada “a violentar la voluntad de los ciudadanos”.