Cano y Amaya deciden acudir a la Corte nacional

Cano y Amaya deciden acudir a la Corte nacional

Los apoderados del Acuerdo para el Bicentenario interpusieron un recurso extraordinario para lograr revertir el fallo del máximo Tribunal local.

A cinco días del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) que avaló las elecciones del 23 de agosto y que revocó la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que las anulaba, los apoderados del Acuerdo para el Bicentenario (ApB) interpusieron un recurso extraordinario federal por “causal de arbitrariedad de sentencia”. En las próximas horas, será la Corte local la que deberá resolver si remite el expediente al máximo tribunal de la Nación para que este se expida. Si esto no sucede, el ApB deberá resolver si presenta un recurso de queja por apelación denegada. 

En los fundamentos del recurso extraordinario, los abogados patrocinantes del diputado radical José Cano y del intendente de la capital Domingo Amaya señalaron, además de detallar un sinnúmero de presuntas irregularidades, la amenaza que sufrieron los jueces de la CSJT, tras el fallo de los camaristas Ebe López Piossek y Salvador Ruiz, quienes anularon los comicios.

En el texto, los letrados detallan presuntas intimidaciones del oficialismo a votantes, actos de clientelismo político, la constitución irregular de la Junta Electoral Provincial (JEP) y urnas sin las correspondientes fajas, entre otras irregularidades, de las cuales se basó la Cámara en lo Contencioso Administrativo para anular los comicios.

“Es que, como surge de la demanda y así lo ha receptado la justa sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo, el acto escandaloso y viciado comicio desarrollado el 23 de agosto pasado en Tucumán, ha infringido el debido proceso electoral así como los derechos humanos y las normas constitucionales que establecen los requisitos necesarios para que el acto electoral refleje la real Voluntad popular, libre de toda coacción”, reza un párrafo de la apelación presentada ayer.

En el escrito, los abogados del ApB aseguran que los candidatos del oficialismo intimidaron públicamente a los electores y entregaron bolsones a cambio del voto.

“Desde el Gobierno, el oficialismo y sus candidatos han intimidado públicamente a los electores, amenazándolos a través de la prensa con quitarles planes sociales, subsidios, empleos y hasta las casas adjudicadas en el marco de planes de vivienda, en caso de no vencer el oficialismo. Se realizaron escandalosos y generalizados actos de clientelismo, como entregas de bolsones de comida, de dinero (compras de votos, etc.), que por su elocuencia, magnitud y reiteración, nos eximirían de toda otra consideración, excepto la de resaltar que han sido públicamente reconocidos por el gobernador de la Provincia y, también mediante la prensa, por el jefe de Gabinete de la Nación (Aníbal Fernández)”, se explayaron.

La Junta Electoral

El órgano veedor de los comicios también fue blanco de los cuestionamientos en la presentación judicial, a instancias del fallo de López Piossek y Ruiz.

“La Junta Electoral Provincial ha sido irregularmente constituida, durante casi todo el proceso previo a las elecciones, con dos miembros vinculados con el oficialismo. Esa misma Junta, conforme consta en denuncias y declaraciones de algunos de sus empleados y ha sido constatado por la prensa, ha permitido que el Correo Argentino cargara telegramas con groseras irregularidades durante el escrutinio provisorio”, reza la presentación. Y agrega: “se ha acreditado documentadamente, amén de ser público y notorio, que muchísimas urnas llegaron ‘armadas’ a los lugares de votación, donde se impedía a los fiscales opositores ingresar oportunamente, y varias de ellas se encontraron ‘embarazadas’ al decir popular, significando que ya contenían votos. También se ha demostrado que se ‘rompió’ la cadena de custodia, dado que muchas urnas llegaban a la Junta Electoral sin custodia y abiertas, lo cual ha sido testimoniado ante escribano público, por empleados de la Junta y, además, fotografiado; lo cual consta en autos”.

Intimidación a jueces

“Cientos de personas comandadas por el Gobernador de la Provincia y el candidato Juan Manzur ‘sitiaron’ el Palacio de Tribunales, donde pintaron las paredes y colgaron banderas con consignas y amenazas (inclusive de muerte) contra jueces y políticos opositores. Y allí acamparon y permanecieron hasta el dictado de la sentencia”, expresan los apoderados del ApB en otro tramo del recurso extraordinario.

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