Con un alto grado de coincidencias, se avanzó ayer en la redacción del documento final del encuentro de jefes de Estado iberoamericanos. Los cancilleres acordaron 57 puntos que están centrados en las necesidades de promoción educativa para la región.
Después de las exitosas gestiones diplomáticas, ahora sólo resta que los presidentes y jefes de estados refrenden hoy los acuerdos cuando se reúnan en las deliberaciones que cerrarán la Cumbre.
Fuentes diplomáticas destacaron el grado de consenso y unanimidad que presidió el encuentro de los ministros, hasta el punto de que la reunión concluyó con aplausos tras la aprobación de los documentos.
Los cancilleres aprobaron la llamada "Declaración de Mar del Plata", un documento de 57 puntos centrado en las necesidades de promoción educativa en una región que cuenta con 15 millones de niños no escolarizados y un 8,7% de analfabetos.
En su primer punto, el documento condena explícitamente el "intento de golpe de Estado perpetrado el 30 de setiembre en Ecuador", en referencia a la sublevación policial de ese día, y "hechos e intentos similares de subvertir el Estado de derecho y el orden legítimamente constituido".
En tanto, también respaldaron el pedido argentino de "no innovar" por parte del Reino Unido en la cuestión Malvinas.
"La reunión fue muy positiva y los cancilleres dieron el visto bueno a todo lo que debíamos analizar, por lo cual todo será entregado a los presidentes en la reunión plenaria de la Cumbre para que lo analicen", dijo el subsecretario de Política Latinoamericana de la Cancillería, el embajador Diego Tettamanti.
Durante la reunión los cancilleres recibieron los detallados informes que elaboraron los coordinadores nacionales que se estuvieron reuniendo en las últimas 48 horas, y hasta largas horas de la noche, para establecer los principales documentos a analizar, y que quedarán comprendidos, muchos de ellos, en la que se denominará la "Declaración de Mar del Plata".
Paralelamente, los cancilleres también aprobaron la "cláusula democrática", un texto de carácter político sin precedentes en el mecanismo iberoamericano, que establece respuestas ante situaciones que amenacen el orden constitucional y el estado de derecho en los países miembros para tratar de evitar intentonas golpistas.
El "proyecto de declaración especial sobre la defensa de la democracia y el orden constitucional en Iberoamérica" responde a una propuesta de Ecuador y es consecuencia del reciente intento de desestabilizar al gobierno de Rafael Correa y del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, el pasado año.
"Manifestamos nuestro rechazo y condena a todo intento que pretenda trastocar o subvertir el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones en cualquier Estado miembro de la Conferencia Iberoamericana", señala.
La Cumbre adopta una "cláusula de compromiso con la promoción, defensa y protección del estado de derecho, del orden democrático, de la soberanía de los pueblos, de los derechos humanos y las libertades fundamentales".
El documento establece que si un gobierno "constitucional" considera que existe amenaza de ruptura o alteración del orden democrático, podrá notificarlo a la Secretaría pro tempore, que informará al resto de miembros para adoptar medidas concretas de cooperación y un pronunciamiento para la defensa de la institucionalidad.
En caso de ruptura del orden constitucional, la Secretaría pro tempore convocará una reunión extraordinaria de cancilleres para que, por consenso, decidan las medidas a adoptar.
Estas medidas van desde las gestiones diplomáticas hasta la suspensión del derecho del Estado a participar en los órganos de la Conferencia Iberoamericana, así como "del goce de los derechos y de los beneficios" que se derivan de pertenecer a esta comunidad.
La cláusula establece el fin de estas medidas "cuando se determine, sobre la base de evaluaciones periódicas de la situación, que las causas que motivaron su adopción fueron plenamente superadas".
Esta fórmula, que no alude directamente a sanciones comerciales, es mucho más ambigua que las aprobadas en otros foros de integración regional, como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
El acuerdo aprobado por Unasur en la reciente Cumbre de Guyana incluye sanciones más contundentes como el cierre de fronteras y la suspensión del comercio con el país que sufra una asonada.
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