Tras la sanción definitiva a la Ley que suspende los desalojos de los campesinos, cuyo voto unánime fue expresado el martes en la Cámara de Senadores, los campesinos esperan ahora que el gobernador Juan Manuel Urtubey promulgue la normativa antes de que finalice este año (el plazo vence el 22). Solicitaron además ser citados al momento de resolver respecto de la reglamentación de la ley, que se debe hacer en 90 días, una vez promulgada la normativa.
Frente a la denuncia que hicieron varios legisladores de los distintos problemas que acaecían en los lugares que representaban, los campesinos entendieron que en realidad esta "visibilidad" es consecuencia de la lucha que llevaron adelante durante los últimos 6 años, cuando "la presión de los desalojos permitió que la gente se una", dijo el presidente de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APPCHS), Alfredo Riera.
Su respuesta fue a la consulta frente a las expresiones realizadas por Mashur Lapad, vicepresidente primero del Senado y referente del departamento Rivadavia, quien en su manifestación ante el tratamiento de la norma sostuvo que esta cumple con "un largo anhelo de un significativo sector social compuesto por grupos humanos en situación de vulnerabilidad", además de reconocer los "altos niveles de conflictividad". Antes de dar aprobación al texto general y particular, también hizo sus manifestaciones la senadora por el departamento San Martín, siendo los únicos dos senadores en expresarse antes de aprobar la ley.
Inacción e impunidad
Para Riera una de las situaciones que siguen viviendo es el atropello de empresas agrícolas que operan en el norte, a pesar de las distintas medidas que se dispusieron para suspender los desmontes desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los departamentos Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.
El ejemplo es lo acontecido el 27 de noviembre pasado, cuando la empresa Vidoson Agroforestal envió operarios para realizar deslindes en tierras en las que hay campesinos. Esto, al parecer, con la intención de cerrar una finca a 25 kilómetros de Morillo, localidad de Rivadavia.
"Nunca se conoció que haya habido sanciones en ningún sentido para estas empresas", sostuvo Riera al reconocer que esto de alguna manera, permite que sigan realizando acciones que suponen impunidad.
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