Ese argumento puede ser válido, sin duda, pero también incompleto. Aquel que no comparta el criterio que aplica una empresa para repartir sus ganancias, la primera defensa que tiene es no comprar sus papeles. Y si lo hace, seguramente valorará que sus inversiones o su política comercial reporten una utilidad mayor por la mejora que genera en el precio de la acción.

Lo que también cabe señalar es que si el Estado pretende que las empresas en las que participa asuman algún tipo de pérdida por proveer sus productos con precios diferenciados (algo así se sugirió para Siderar, una suerte de plan “Acero para todos”) como parte de un objetivo de política pública, en el fondo afectará el valor de toda la compañía y recortará los dividendos. Si de verdad quiere ocuparse de los inversores minoristas, el Gobierno no tendría que reclamar una “rentabilidad social”. El Estado tiene instrumentos más eficaces para cumplir sus fines que generar una distorsión en el funcionamiento de las empresas privada