Una de cal...

La que pasó fue para el movimiento cooperativo pampeano una semana de buenas noticias, en un contexto que se sabe complicado desde el punto de vista económico, para múltiples sectores pero en especial para quienes apuestan a la solidaridad como herramienta para tratar de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En un marco de problemas a solucionar, las cooperativas lograron -merced a una serie de observaciones que plantearon con prudencia pero con firmeza ante el Senado de la Nación- que el proyecto “Argentina Digital” contuviera sus aportes en diversos aspectos: tan claros y atendibles resultaron sus planteos que fueron incorporados a la normativa sin dubitaciones, y tanto a sugerencia de senadores oficialistas como la pampeana María de los Ángeles Higonet como de senadores opositores como el comprovinciano Carlos Verna.

Tal como lo expresó el presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas, Abel Argüello, ante la Cámara Alta, en varios puntos concretos del proyecto original se abría la puerta para que los poderosos hicieran pesar sus estructuras y aceitados contactos, puesto que la ley dejaba en “gris” algunas zonas que después las reglamentaciones suelen volcar en favor de empresas oligopólicas o multinacionales y en perjuicio de las economías solidarias o los pequeños y medianos emprendimientos.

Esos aspectos de la normativa iban incluso en contra de lo que expresaban los propios fundamentos de la ley, que tiene la histórica virtud de considerar que actividades que antes eran consideradas esencialmente como un negocio -aspecto que por lo tanto se privilegiaba, dejando la regulación en manos del mercado- ahora sean un “servicio público” ante el que el Estado tiene decisiones que tomar y políticas que definir.

Las modificaciones realizadas no serán posiblemente un ideal, pero -según coinciden distintas miradas- constribuyen a una protección del movimiento cooperativo y de pequeñas empresas -que es lo que más importa en el caso de nuestra provincia-, además de tender a una mayor equidad que la que proponía la iniciativa original.

Mientras tanto, las cooperativas se enteraron también de que el frustrante Pacto Federal Energético llegará a su fin con el primer día del año que viene y las provincias volverán a definir los cuadros tarifarios de la jurisdicción, tal como ocurría hasta que se gestó esa herramienta con el bienvenido objetivo de congelar las tarifas en beneficio de los ciudadanos, pero bajo la implementación de una metodología que provocó confusiones y que más que soluciones generó contratiempos y cortocircuitos.

Ni la buena voluntad que en ese proceso exhibieron tanto las cooperativas como el gobierno provincial pudo vencer la maquinaria burocrática que se puso a correr para el otorgamiento, por parte del gobierno nacional, de los subsidios que compensaran el atraso tarifario: las cooperativas fueron maltratadas, ninguneadas y consideradas como si fueran firmas privadas como las que en otros puntos del país han demostrado nula preocupación por los ciudadanos o prácticas engañosas y abusivas para con sus usuarios.

La mala nueva atada al fin del Pacto Federal Energético es que habrá un inevitable impacto en el bolsillo de los contribuyentes, porque todo indica que no se puede salir del embrollo sin un incremento que puede pegar con fuerza, situación ante la que ahora el gobierno y las cooperativas tendrán que demostrar habilidad y voluntad política para no ejercer una presión excesiva sobre los ingresos de los ciudadanos.

...y una de arena

El Poder Judicial prefirió garantizar la impunidad de las patas política y policial de la trata de personas que eran explotadas sexualmente en la localidad de Lonquimay: el fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca que les permite zafar del procesamiento al intendente Luis Rogers y al comisario Carlos Alanís contiene una argumentación peligrosa, que bien evidencia ignorancia respecto de cuál es la realidad, o bien confirma las interpretaciones sobre la protección de que gozan aquellos que tienen contactos y cargos públicos.

La debilidad de algunas de las afirmaciones de los camaristas para contrariar la resolución de la jueza Iara Silvestre y del fiscal Juan José Baric tiene un costado todavía más riesgoso: parece ser apenas el primer caso de una serie orientada en la misma dirección, puesto que lo más probable es que idénticas consideraciones tengan esos magistrados en los expedientes en que aparecen involucrados otros jefes comunales (Jorge Cabak en Macachín, David Bravo en 25 de Mayo).

No hay modo de no considerar esta decisión de los camaristas como un paso atrás, un claro retroceso en un proceso en el que durante los últimos años se habían dado notables y resonantes pasos hacia adelante, no sólo en el ámbito judicial sino también en lo institucional, lo legislativo, lo político y lo cultural, desde las condenas a varios proxenetas hasta el tratamiento mediático de la problemática, pasando por normativas de regulación a los avisos de oferta sexual y el cierre de los prostíbulos que funcionaban bajo el eufemístico mote de “cabaré” o “whiskería”.

Semanas atrás, cuando desde la Fiscalía Federal de Santa Rosa se levantó una innecesaria polvadera aludiendo a la protección de algunos personajes vinculados con la trata de personas, pareció apuntarse a dirigentes políticos -aunque nunca fueron identificados- y a funcionarios judiciales que -paradójicamente- habían contribuido al esclarecimiento de determinados casos y a la determinación de responsabilidades de los delincuentes.

A esa advertencia le faltaba este episodio para considerar completo el panorama: han sido los funcionarios judiciales superiores los que abordaron la investigación relativizando datos que parecen centrales a fin de considerar la verdadera historia; o desechando como si fueran anécdotas circunstancias en que tanto la Policía como el poder político local se mostraban directamente como promotores de la actividad de “Good Night”.

En una localidad de las dimensiones y características de Lonquimay -y tal como ocurre en otros numerosos puntos de la provincia- resulta imposible considerar que el intendente y el comisario no conocen determinados movimientos, o que no tienen referencias de situaciones y personajes involucrados en esos movimientos oscuros.

Más aún: si desde la ingenuidad o candidez alguien pretende exculpar a esos poderosos de un grado de complicidad o connivencia con los tratantes de personas, en ese mismo acto debiera considerarlos por lo menos negligentes o incumplidores de sus funciones, puesto que incurre en una ineptitud el policía al que frente a sus narices se florea el delito organizado, como cae en una incapacidad el jefe comunal que se deja engañar con semejante facilidad.

La decisión de la Cámara bahiense es de todos modos apelable ante organismos superiores, que tendrán la ocasión de demostrar que están a la altura de las circunstancias frente a una problemática en la que hay serios y numerosos motivos para considerar, con sensatez, que ha sido una década en la que se han ganado importantes batallas.