Con la firma de los diputados provinciales Josefina Díaz y Maximiliano Aliaga Souto, el bloque de Cambiemos presentó ayer en la Legislatura el proyecto de ley para facultar al Poder Ejecutivo a que lleve adelante la intervención de la Municipalidad de Lonquimay, luego de la condena al intendente Luis Rogers por trata de personas.

La misma iniciativa sostiene que “el Poder Ejecutivo Provincial procederá a nombrar al interventor en los términos del artículo 135 de la Ley 1597 Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento”.

También agrega que “de acuerdo al artículo 119 de la Constitución Provincial y en el marco del artículo 136 de la Ley 1597, (el Ejecutivo) deberá convocar y efectuar elecciones a fin de constituir autoridades municipales hasta completar el período del mandato intervenido, dentro de un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

“El actual titular del Departamento Ejecutivo Municipal cesará en su cargo a partir de la promulgación de la presente”, prevé el proyecto de Díaz y Aliaga.

“Cuando se habla de trata de personas estamos refiriéndonos a una de las peores formas de degradación del ser humano, ya que se trata de la comercialización de personas con fines de explotación. Constituye una de las violaciones más graves a la dignidad del hombre y, consecuentemente, a los derechos humanos...es un delito pluriofensivo, que tiene como punto de sustentación la pobreza...si bien, atento la ubicación de la norma dentro del digesto penal, se trata de proteger esencialmente la libertad de la persona en su aspecto físico como en la posibilidad de autodeterminación, hay otros bienes amparados como la vida, la integridad física y la integridad sexual...”, subrayaron los diputados del PRO.

Fundamentos

Díaz y Aliaga apelaron a un largo razonamiento a la hora de explicar los fundamentos del proyecto de ley. “La legislación en su conjunto es muy clara en la cuestión de la trata de personas. La comunidad académica, las ONGs, diversos dirigentes sociales y políticos, familiares de víctimas, entre otros vienen trabajando desde hace años para deconstruir prácticas naturalizadas de sometimiento y explotación de las mujeres, fundadas en una cultura machista que nos atraviesa a los argentinos y al mundo en general desde hace siglos. Alrededor de tres millones de mujeres y niñas por año son víctimas de trata en el mundo según una estadística de la ONU”, destacaron en algunos de los párrafos más importantes.

También señalaron: “Rogers tiene derecho a recurrir la sentencia condenatoria y a agotar los recursos que el mismo considere en relación a esa situación, pero también resulta cierto, que no podemos soslayar nuestra obligación de llevar a la localidad de Lonquimay las garantías legales para dar la tranquilidad necesaria a la administración de ese municipio en el más amplio sentido.

“Claramente -añadieron- el accionar de Rogers importa no sólo la comisión de un delito, sino toda una referencia de actuaciones municipales vinculadas con la comisión del delito juzgado, que hablan a las claras sobre el peligro que corre el régimen municipal en esas condiciones y cualquiera haya sido la conducta del Intendente en cuestión luego de la ocurrencia de los hechos que resultan materia de juzgamiento en la causa penal donde el mismo fuera condenado”.

Además, recordaron que “la Constitución Provincial autoriza la intervención en caso de subversión del régimen municipal entendiendo que la subversión se refiere a un proceso por el que los valores y principios de un sistema establecido, se invierten, y se relaciona con un trastorno”.