integrante de ese cuerpo judicial, confirmó al portal “AXIOMA” que cursó sendas auto-denuncias al Consejo de la Magistratura , a la Procuración General de la Nación y el Juzgado Federal N° 1, para que se investigue su desempeño.

Días atrás, la especie divulgada por el portal “NOTICIAS FORMOSA” y la edición digital de diario “OPINION CIUDADANA”, daba cuenta de que el Fiscal doctor Nery López, habría acusado a dicho Tribunal, integrado por los jueces Rubén Quiñones, Eduardo Ariel Belforte y Alfredo García Wenk, de otorgar "salvoconductos" en causas de narcotráfico, refiriendo que esta surgiría del Auto Interlocutorio N° 3132/11, dictado en un incidente de pedido de suspensión a juicio, al cual se habría opuesto el representante del Ministerio Público, por considerar que “imposibilita el ejercicio de la acción penal en causas de estupefacientes”, advirtiendo, a la vez, que "la aplicación automática e indiscriminada del instituto en examen sentaría un peligroso precedente que actuaría como un salvoconducto para este tipo de actividad ilícita".

Quiñones, en el texto de sus auto-denuncias, afirma que: “Por cuanto, las aseveraciones que los editores atribuyen al representante del Ministerio Público Fiscal, podrían alertar sobre la comisión por parte del suscripto de una irregularidad administrativa o –incluso- de un delito de acción pública, presento este informe a los fines que se estimen pertinentes”. Así también, aclara que la resolución del Tribunal Oral que se cuestiona, “fue dictada en los autos caratulados Giménez, Felipe s/Suspensión del Juicio a Prueba (expediente n° 3.329, del registro del Tribunal que integro)”.

Precisamente, las noticias difundidas a través de medios electrónicos locales, indicaban que el Fiscal Federal Nery López, habría advertido que detrás del imputado de narcotraficante en la causa concreta de referencia, “existen otros participes, cómplices y encubridores, que imponen desentrañar la organización delictiva". Añadiendo, paralelamente, que se oponía a la “aplicación automática e indiscriminada” del instituto de la suspensión a juicio, porque sentaría un peligroso precedente “para este tipo de actividad ilícita”, en tanto considera que esa situación reviste “inusitada gravedad institucional”.