La Cámara del Crimen deberá resolver si ordena al juez de Instrucción Guillermo Bustamante que inmovilice las cuentas de Luis Lutz y Alberto Ítalo Balladini, exjueces del Superior Tribunal de Justicia quienes, tras acogerse al beneficio jubilatorio, gestionaron el pago de los días de vacaciones adeudados, lo que rondó los 400 mil pesos en cada uno de los casos.

En cuanto a Lutz, pudo confirmarse que percibió 404.397,13 pesos, mientras que para el restante exvocal del máximo cuerpo judicial, por la falta de presupuesto el pago quedó suspendido, siendo hasta ahora incierto para la opinión pública si se efectivizó o no.

Bustamante rechazó el pedido de la fiscal Daniela Zágari de bloquear las cuentas bancarias, tras cerca de un año de dilatar una respuesta concreta al respecto.

Al ser consultado por este medio, Bustamante sólo admitió que los hechos se están investigando, pero poca información aportó sobre el tema.

Por lo que pudo saber "Río Negro", el expediente llegó esta semana a manos de la Cámara del Crimen -cuya constitución por sucesivas excusaciones aún no está definida- para que ésta disponga si corresponde o no revisar la resolución de Bustamante que rechazó la medida cautelar solicitada por Zágari.

Inicialmente, el juez instructor había decidido que antes de proveer favorablemente la medida requerida se dé intervención a los bancos y se soliciten los números de cuentas y otras diligencias que, a criterio de la agente fiscal, solamente demorarían el trámite en cuestión.

Efectivamente, transcurrido un año del pago, poco se sabe del dinero que percibió Lutz -como del que podría haberse entregado a Balladini- a través de un mecanismo denunciado como fruto de un ilícito. Por eso, Zágari presentó un "pronto despacho" que motivó que Bustamante se expresara rechazando la medida cautelar. Además, ante el requerimiento de convoque a indagatoria respondió con un simple "téngase presente", lo cual también fue recurrido ante la Cámara.

El expediente tiene como imputados al presidente actual del cuerpo, Víctor Sodero Nievas, a los exintegrantes Balladini y Lutz, al juez Roberto Maturana -quien ofició como subrogante-, el administrador general Horacio Mión, al exfiscal de Estado Alberto Carosio, el fiscal adjunto Julio Ortiz y el asesor legal del Poder Judicial, Juan Carlos Pereyra.