"Se trata de un ingenio privado, que la Justicia declaró en Concurso -y luego en Quiebra- porque estaba mal administrado y no pagaba a nadie. Hace 15 años que sus trabajadores viven en situación de precariedad e incertidumbre. Si bien la Jueza y la sindicatura lograron que la empresa siga funcionando estos años y pague los sueldos, todo se estuvo atando con alambre, de modo precario, para que aguante una zafra más", observó.

Objetó el desempeño del arco político (tanto oficialista como opositor), al decir que "especuló pretendiendo sacar leña del árbol caído, bloqueando y dilatando el procedimiento judicial, buscando sacar tajada con algún negocio (expropiación, compra por empresas amigas del poder) que permita repartir beneficios, sin importar los trabajadores".

Para la Dra.. Calsina es imperioso que el Poder Judicial "asuma su rol institucional de poner límites a los desbordes y corruptela del poder político y, haciendo respetar la división de poderes, aplique la Ley y llegue a una solución justa y transparente".

Opinó que la Justicia actuó "correctamente" llamando a licitación y señaló que el proceso licitatorio "debe continuar, respetando la seguridad jurídica, exigiendo garantías de inversiones genuinas y la experiencia de empresas con trayectoria en la actividad azucarera".

"La Justicia debe desalentar a los inversores basura que, haciendo culto al oportunismo, desvalijan activos, maltratan a los trabajadores y causan estragos en la economía de la zona de influencia", exhortó.

EL TRANSPORTE Y

LAS INSTITUCIONES

Por otra parte y en alusión al controvertido aumento del precio del boleto de colectivo, consideró que los vecinos "siguen esperando el cumplimiento de promesas electorales, una licitación transparente que ordene y mejore el sistema de transporte urbano de pasajeros".

Cuestionó al municipio, indicando que "a fin de año mandó el proyecto de aumento y lo hizo aprobar, con su mayoría en el Concejo Deliberante, llevando de $ 1,25 a $ 1,75 el precio del boleto urbano. El Intendente promulgó la ordenanza de aumento y, ante la justa protesta de los usuarios, acordó sucesivas rebajas del precio, en actitud demagógica y de atropello al Deliberante".

Advirtió que la comuna "a raíz del insuficiente control, no tiene conocimiento de la cantidad de boletos vendidos, ni pautas para hacer un estudio de costo serio".

Aunque reconoció que algunas empresas incorporaron unidades nuevas, manifestó que el parque automotor del transporte público "todavía es en promedio obsoleto".

"Los vecinos -prosiguió- merecen saber la verdad. Esperan del municipio que priorice el bienestar de los vecinos, en vez de negociar el precio del boleto con las empresas, a espaldas de la gente".

Instó a dar cumplimiento a los roles institucionales y, en este marco, requirió al municipio "proteger a los ciudadanos, cuidar la seguridad, la calidad, la eficiencia y puntualidad del servicio".

"Las empresas deben ganar dinero gracias a un trabajo eficiente y decente, sin exigir más subsidios de los que ya tienen como privilegio que no gozan otras actividades. Los usuarios tienen la posibilidad de organizarse para también controlar el sistema público del transporte, tal vez sea hora de poner en vigencia la ordenanza que crea el sistema de veedores comunales", resaltó.

Finalmente, subrayó que "necesitamos autoridades que respeten las reglas y las hagan respetar, ejemplo en la práctica de la Verdad, y que la Justicia ocupe el rol institucional que le corresponde de poner límites para la vigencia de la Ley. Ella nos proteje a todos del abuso de unos pocos, debemos defenderla entre todos".

Verifican estado de sede judicial

Las obras edilicias que se ejecutan en el predio perteneciente al Centro Judicial de San Pedro de Jujuy, destinadas el funcionamiento de la Sala Tercera del Tribunal de Familia y los Juzgados de Instrucción en lo Penal, fueron visitadas por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr.. Sergio Ricardo González. El Magistrado realizó un pormenorizado recorrido por los tres edificios que se encuentran en obra, acompañado por el arquitecto Gustavo Buljubasich, responsable de la Oficina Técnica del Poder Judicial, siendo interiorizado sobre el avance de los trabajos.

Los mismos son ejecutados por las empresas Bellomo y Magna, contando con el financiamiento necesario conforme al compromiso asumido por el gobernador de la Provincia, Walter Barrionuevo, quién ordenó priorizar la disponibilidad de las partidas presupuestarias que permitan sostener el ritmo de obra, de manera que los edificios se encuentren terminados a la mayor brevedad posible.

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia visitó las dependencias donde funcionan transitoriamente los Juzgados Penales Nº 5 y Nº 6, verificando el estado de las mismas y las condiciones en las que sus integrantes desempeñan las labores diarias.