La iniciativa plantea asimismo que los funcionarios en esa situación no puedan ser designados en nuevas funciones públicas en caso que no hubieren presentado la rendición respectiva con una antelación mínima de ciento ochenta días previos a la fecha de la designación o de los comicios, en que aquellos se postulen.

Además, dice el proyecto de Calsina, podrá impugnarse ante el Tribunal Electoral de la Provincia la candidatura de aquellos funcionarios que no hubieren cumplido con la obligación de rendir cuentas.

“Es función del Estado asegurar el cumplimiento efectivo de las normas vigentes y corregir las prácticas que resulten contrarias a ello, por lo tanto es conveniente y saludable para nuestras instituciones que se impida a los funcionarios renuentes a someterse al control público que puedan ser electos por un nuevo período hasta tanto hagan efectivas las rendiciones ante el Tribunal de Cuentas, en la forma y modo que corresponde”, fundamentó la legisladora.

Reflexionó Calsina que “la salud de nuestra democracia se fortalecerá con funcionarios que rindan cuentas de sus actos, para robustecer una cultura de la responsabilidad, del cuidado de los fondos públicos que se recaudan como consecuencia del sacrificado aporte de todos los jujeños”.