Naturalmente, la campaña por la nueva Constitución empieza a arder cuando falta un mes y medio para el domingo del referéndum. Ya no consiste tanto en llenar los medios de comunicación con personajes afiliados al No o al Sí. Se escarba, además, en el trabajo administrativo de los gobiernos nacional o local hasta hallar algún elemento digno de campaña. Hace días, el elemento son 33 camiones que habrían intentado cruzar del departamento de Pando a Brasil con productos de contrabando. Cuando los detuvieron militares bolivianos, los camioneros sostuvieron que tenían permiso del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Así, la mayoría de los medios de comunicación –evidentemente contrarios al gobierno de Evo Morales– encontraron la manera de ganarse el pan por semanas. Hasta aparecieron videos, cuya falsedad fue demostrada, donde un supuesto presidente de Bolivia llamaba al pueblo a contrabandear. Pero un titular del diario La Prensa enfureció a Morales. Y comenzó su enfrentamiento contra los medios de comunicación privados, uno de los últimos pilares de la oposición, cada vez más descolorida.

“Evo negoció luz verde con los contrabandistas dos meses antes”, decía el titular de La Prensa del 9 de diciembre. Al día siguiente, durante un acto en el Palacio Quemado transmitido en vivo, ante funcionarios, civiles, militares y periodistas, Morales convocó a Raphael Ramírez, redactor de La Prensa, a subir a la testera. Parado como un granadero, así de callado, Ramírez miró al presidente agitar el diario del título en cuestión. Morales le pidió pruebas de lo que había escrito en las anteriores 24 horas. Entonces el periodista pudo bajar sin oportunidad de decir ni mu.

Lejos de apaciguarse, Morales llamó a la prensa para decirle qué pensaba de ella. “Calculo que sólo el 10 por ciento de los periodistas debe tener dignidad. Los demás dependen de un jefe de los partidos políticos, dependen de su patrón, que es el dueño del medio de comunicación”, dijo.

“Las conferencias de prensa simplemente sirven para que insulten al presidente. No necesito conferencias de prensa. Yo tengo otro medio de información, que es el boca a boca. Es la mejor forma de comunicación. Por eso, no me pidan conferencias de prensa ni me consulten”, agregó Morales.

“A mí me reclaman libertad de prensa. Esta es la mejor forma de la libertad de prensa: (los periodistas) hablan lo que quieren, dicen lo que quieren. Tenemos libertad de prensa. Está garantizado”, sostuvo el presidente.

Ayer, el Palacio Quemado emitió un comunicado donde dice lo mismo pero con palabras más suaves. “El gobierno nacional ratifica que la libertad de expresión y de prensa se encuentran plenamente garantizadas, al igual que las garantías constitucionales para el libre ejercicio profesional, y anhela que los periodistas, como en el pasado, coadyuven a la defensa de la democracia y las libertades con su trabajo responsable al servicio de la sociedad boliviana que reclama también plena vigencia de su derecho a la información.”

En otro párrafo menciona que, “sin embargo, el gobierno nacional no puede dejar de señalar la evidente coincidencia entre los intereses de algunos dueños de grandes medios de comunicación con determinados intereses políticos. Como es de conocimiento público, esta situación devalúa los valores democráticos y daña los derechos a la comunicación y a la información de todos los bolivianos subordinándolos a intereses de carácter político, mediático-empresarial”.

El comunicado también recuerda los casos de periodistas pagados por el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, para que no dieran información veraz. Según el gobierno, varios comunicadores pandinos participaron de la masacre de Porvenir, a mediados de septiembre pasado. E intentaron ocultar los registros de la matanza.

“Antes que tomar una posición a favor o en contra, o electoralizar este asunto, se debería generar una gran reflexión sobre el manejo de los medios de comunicación. Pero los mismos medios intentan desviarse de esta discusión sobre su responsabilidad en la información que brindan. En cambio, quieren llevar a la población a que se ponga a favor o en contra de un hecho. La actitud del presidente me pareció grosera, pero muestra una realidad. Es la realidad que los medios evitan mostrar”, dijo el diputado de Unidad Nacional (UN) Alejandro Colanzi a Página/12.

Los partidos de derecha siguen desbandados, varios presidentes cívicos están en la clandestinidad, cuando no presos, por el intento de golpe de Estado de septiembre. Falta poco para el 25 de enero y la campaña por el No sigue escuálida, aunque gran parte de los congresistas opositores que habían ayudado a viabilizar la nueva Constitución hacen campaña por que no se apruebe. El panorama da salud al presidente para, finalmente, enfrentarse a la maquinaria discursiva de una oposición debilitada.