La investigación de la policía había comenzado por las denuncias de sobreprecios en la construcción de una usina en Pará. Escuchas telefónicas y allanamientos en las oficinas de la empresa develaron pruebas que demostrarían que Camargo Correa habría utilizado el dinero que pasó de más en las facturas para financiar ilegalmente partidos políticos. Sólo en esta obra, la policía estima que el sobreprecio fue de 3,2 millones de dólares, pero ya están investigando otras obras de la empresa.

El opositor Partido Social Democracia Brasileña ya pidió al Senado que reclame a la Justicia acceso a los informes de la policía federal para identificar los presuntos partidos beneficiados. De acuerdo con las autoridades judiciales, el esquema de desvío de fondos podría alcanzar, en principio, unos 12 millones de dólares. El sistema era enviarlos a paraísos fiscales y, desde allí, emitir los pagos con nombres de terceros a los partidos políticos.

La policía federal señaló al representante de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo en Brasilia, Luiz Maia Bezerra, como coordinador de la distribución de esas donaciones ilegales. Bezerra es hijo del ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión, Valmir Campeio.