Mes a mes crece el número de formoseños que se refugian en las casas financieras de préstamos personales para desahogarse de los problemas económicos al que son arrastrados por la situación inflacionaria.
Si bien hay muchas financieras y las posibilidades de acceder a los préstamos con mínimos requisitos, hay una gran contraparte: las tasas que cobran las firmas rozan la usura, ante la “vista gorda” de los organismos de control provincial y nacional que no hacen cumplir el límite anunciado por la presidente Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2011 y que establece un interés de hasta sólo 5 puntos más alta que la que cobra el Banco Nación para los créditos destinados a jubilados.
Pese a que en un primer momento algunos estamentos provinciales salieron a controlar las financieras, la actitud se diluyó en los pocos días siguientes hasta hacerse inexistente al día de hoy.
Más del 100%
La mayoría de las financieras del centro exigen como requisito para poder prestar dinero el último recibo de sueldo, fotocopia de DNI y una boleta de servicio. Otras exigen solo el DNI y el pago del Informe Comercial para habilitar en 24 horas el préstamo solicitado.
Peo detrás de las “facilidades” se esconde un negocio que bordea la usura.
Por ejemplo: para un préstamo de $3.000 (tres mil pesos), ofrecen diferentes planes donde se puede pagar 9 cuotas de $533, lo que al final hace que se termine pagando $4.797. Si en cambio se elige prolongar las cuotas, se puede pagar 20 cuotas de $349, pagando al final de la cuenta $6.980, más del doble de lo que se pidió como préstamo.
Para un crédito de $5.000 hay ofertas de pagar 3 cuotas de $2.066 (se termina pagando $6.198) o 10 cuotas de $893 (se termina pagando $8.930)
Problemas colaterales
Pero el dolor de cabeza no solo se da a la hora de pagar los créditos, sino también cuando se finaliza la relación comercial y quedan dando vueltas los documentos firmados por los que obtuvieron el préstamos sin que vuelvan a reunirse con ellos.
El abogado Diego Herrera charló con Radio Uno y El Comercial sobre la ejecución de documentos en litigios, principalmente Pagares que resultan de la firma de los contratos por préstamos. El profesional dio su punto de vista de una problemática que afecta a muchos vecinos de la provincia.
“Yo me desempeño defendiendo a quien efectúa la ejecución del pagaré más que para el que es ejecutado”, dijo el entrevistado que confesó que “es bastante” el trabajo en los últimos años referido a la importante cantidad de prestamos que se deben ejecutar en juicios por deudas incumplidas con documentación de promedio, describió como “muy alto” el incumplimiento de varios vecinos involucrados en esta situación.
Confirmó que generalmente, los juicios ejecutivos finalizan a favor del demandante que acude a la Justicia con una documentación (Pagaré) y rara vez el demandado puede evitar dicha ejecución: “Usualmente el proceso es acompañado por las documentaciones que tienen verosimilitud y el demandado, salvo que tenga una constancia de pago y se le haya demandado por un monto mayor al que se pidió, no tiene defensa alguna. Es difícil que gane”, detalló.
Consultado sobre cómo debe estar redactado el recibo de la cuota mensual para que después sea tomado en cuenta del monto total, Herrera explicó que la imputación del pago debe ser “perfecta” respecto del crédito que se saca: “El recibo debe decir con total claridad el monto que se está pagando, la fecha en que se paga y el producto o el prestamos con precisión al cual se refiere”, indicó.
“Si dice que se recibe la suma tal, por la obtención de un crédito, tampoco sirve porque no especifica cual es el crédito que se paga. Eso habilita al que otorga el crédito a ejecutar el pagaré a pesar de haberse pagado”, declaró el entrevistado que señaló además que ha sabido de casos de demandados que aducen que han pagado los créditos teniendo aún recibos en donde la imputación del pago “no es exacta”.
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