No es un dato menor saber qué sucederá en los municipios y comisiones, si se tiene en cuenta que la gestión en esos ámbitos permite una doble fuente de información. Por un lado, un contacto directo con la realidad de cada ciudad y sus vecinos, y por otro, tal vez el más sensible, saber qué se hace con el dinero que desde el Estado provincial se remite en concepto de coparticipación. Sobran los casos, lamentablemente, de historias sombrías sobre administración irregular de fondos, desestabilización institucional, disputa de intereses particulares y perdurables internillas que terminan afectando el interés común.

Con estos antecedentes, intendentes y concejales siguen cultivando, adrede, fama de dirigentes “complicados y resbalizados”, aunque necesarios para armados electorales ambiciosos. Es esa calificación la que les permitió, con el correr del tiempo, reafirmar el valor de su presencia, aunque ello implique más de un dolor de cabeza para la conducción central.

Sin embargo, algunas cosas -dijeron fuentes seguras a Pregón- empezarán a cambiar en el año 2011. Al parecer, existe en la nueva estructura de conducción de Cristina Fernández de Kirchner, con el aval de los caciques provinciales, la necesidad de ajustar tuercas en las intendencias para reordenar la presencia territorial y tener un mayor registro de las formas de actuación de los responsables comunales. La ecuación sería básica: si uno quiere usar la tracción de Cristina, deberá asentir en todos los términos al modelo nacional y popular. No solo para especulación electoral.

Así las cosas, la intención es garantizar que todos los proyectos e iniciativas que se impulsan desde la Nación y la Provincia, lleguen a buen puerto, que el vecino disfrute de su beneficio y sepa, con claridad, quien tomó la decisión al respecto. En ámbitos nacionales y provinciales, tienen una sola explicación para entender la realidad disímil de cada municipio, el impacto dispar del modelo kirchnerista y la aparición aún de focos de conflicto: una regular actitud de irresponsabilidad de intendentes y concejales.

“No se trata, en este caso, de hacer generalizaciones o que paguen justos por pecadores, sino simplemente de entender las causas de un problema estructural que termina afectado a todo el Estado”, confesó a Pregón un alto funcionario provincial.

Un caso emblemático en Jujuy y que desnuda la desproporción de la irresponsabilidad en la gestión comunal es El Talar. La manifestación que desde hace algunos días está visible en plaza Belgrano representa la punta del iceberg, de un problema que se viene edificando desde hace años. Sucesivas decisiones equivocadas, concluyeron en una situación de caos de tal nivel, que hoy El Talar es un pueblo prácticamente fundido.

Según se supo, en la actualidad, con una población de 2.900 habitantes, El Talar recibe en concepto de coparticipación 630.000 pesos mensuales y tiene -transparentados-, 200 empleados. Con estos números, se podría pensar que sobra el dinero para atender toda la demanda de la población. Sin embargo, por fuera del registro oficial existen otros 200 empleados, los cuales -por decisión inconveniente de concejales e intendentes-tienen una situación precaria e irregular. Es más, gran parte de ellos, ni siquiera figuran en una planilla y tampoco concurrían a cumplir sus tareas habituales.

Entonces, frente al reclamo actual, no son pocos los que se preguntan sobre la conveniencia o no de seguir asistiendo a un municipio que termina siendo un barril sin fondo. Nada tiene que ver la gente que honestamente reclama por su situación, pero de seguir así, la cuestión El Talar se encamina, indefectiblemente, al desequilibrio total.

Por otro lado, los intendentes llamados “prolijos” ya plantearon su disconformidad con la posibilidad de otorgar alguna ayuda extra, advirtiendo la injusticia que significaría premiar a los mismos que hoy no le encuentran un destino apropiado a los fondos que remite la provincia.

Así las cosas, todo parece encaminarse a una intervención del municipio, en un intento por reordenar institucionalmente la comuna, legitimar una nueva conducción y poner las cosas en su lugar, frente a un profundo desbarajuste y aprovechamiento de facciones internas que poco les interesa, según puede analizarse, la situación real de los vecinos.

El proyecto de ley estaría en fase de elaboración y el tema ya habría sido conversado con el presidente de la Legislatura, Pedro Segura, los jefes de bloques, quienes también se mostraron preocupados por esta cuestión.

De esta forma, tanto el Ejecutivo como el Legislativo enviarían una luz de alerta para algunos dirigentes de “gestión fácil” que siguen viendo en el Estado un gran cajero automático que entrega fondos sin pedir garantías y responsabilidad a cambio.

Fellner fomenta el

acceso igualitario

al sistema de salud

En el marco de una iniciativa que no hace sino rescatar la trascendencia que tiene para la atención sanitaria en todo el país y el rol fundamental que cumple en la sociedad argentina en su conjunto, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner, presentó un proyecto de ley que transfiere un inmueble del Estado nacional a título de la Fundación Hospital de Pediatría “Juan P. Garrahan”.

Plantea la transferencia del inmueble con exclusivo destino para los fines estatutarios de dicha institución, con la convicción de que “simboliza un urgente reconocimiento y un agradecimiento necesario de parte de los habitantes de todas las provincias, aún de las más distantes, en casos de pacientes con patologías complejas necesitados de interconsultas que aclaren sus diagnósticos o simplemente para una atención de la mejor calidad, recurren a ese nosocomio especializado en los más chicos.

La titularidad de la propiedad en cuestión que comprende unos 3988 m2- es de la ex empresa Gas del Estado Sociedad del Estado, que posee entradas sobre la avenida Amancio Alcorta y la calle Mirave de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Fundación que se propone como destinataria de dichos terrenos es una institución de bien público, sin fines de lucro, concentrada en promover el desarrollo del citado hospital en todas sus áreas, proveer una atención de excelencia a nivel asistencial y alentar el perfeccionamiento científico de los integrantes de los equipos de salud;entre otros aspectos.

“No puede soslayarse que en el Garrahan se atienden niños de todo el país y de todas las condiciones sociales”, destacó Fellner, quien además agregó que el proyecto no hace sino “atender la meta de hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades mediante la satisfacción de un derecho fundamental como es el de acceder a la salud pública, para recién luego poder concretar otros derechos como los de tipo económico, social o cultural indispensables para la dignidad y el desarrollo de la personalidad humana”.