No es un enfrentamiento que se haya iniciado ente gallos y medianoche. Es una pelea antigua y conocida, porque el tema de las licencias de taxis en Mar del Plata es una cuestión de nunca acabar.

Desde hace tiempo se discute el tema, y se ha pasado por todas las instancias posibles. Desde la época en que se cuestionaba la limitación que el municipio había puesto a la entrega de licencias de taxi, hasta que se inició la nueva etapa de autorizaciones a remises, que representaban toda una modernidad: en el momento de su aparición eran coches más nuevos que los de los taxis, brindaban mayor agilidad de movimiento y tenían una tarifa más barata. Además, los choferes aceptaban esperar sin problemas, y hasta hacían mandados. La nueva generación de entonces usaba remise.

Luego las ventajas comenzaron a relativizarse: taxis y remises eran cercanos en valor. La novedad comenzó a ser la remisería clandestina: durante la crisis de los noventa, cualquiera sacaba un coche a pagar en cuotas y ponía una remisería en su casa, con el hermano y el cuñado. Las tarjetitas se repartían en el barrio, y sanseacabó.

Claro que el negocio creció, y quien más quien menos, todo el mundo tenía un remise trucho conocido que lo sacaba de apuro. Miles de pesos de evasión que no se veían.

Los intereses creados también iban creciendo, por eso en algún momento se planteó que, si bien las remiserías clandestinas eran un problema, cubrían la necesidad de acercarse adonde no llegaban los remises comunes, y menos que menos los taxis: los barrios periféricos de una ciudad muy pero muy extendida, y encima, bastante peligrosa.

Fue así que surgieron los coches rurales, preparados para brindar este servicio, con los cuales se intentaba reglamentar lo que existía de hecho. Otra concesión de la cual abusaron muchos, porque bajo la cortina de “coche rural” trabajaron exactamente donde les dio la reverenda gana, y al precio que les pareció mejor. Otros cumplieron con lo estipulado, claro.

La realidad es que el remise clandestino resulta barato y rápido, simplemente porque no responde a ninguna reglamentación, ni de tránsito, ni de impuestos, ni de nada. No cobran menos porque ganen menos o sean mejor gente, sino porque no pagan nada.

El remise trucho no tiene, por ejemplo, seguro sobre aquello que pueda sucederle a un pasajero en tránsito, una medida básica de seguridad con la que sí cuentan los legales. Es decir que, en una situación de accidente, el pasajero hará lo que pueda consigo y sus heridas.

Pero claro, hay de por medio tanto dinero como para que nadie pretenda ceder un centímetro de terreno en esta cuestión tan ajetreada del transporte. Además, se habla de una de las ciudades más complejas del país, no solamente por su trazado extendido, sino por el cambio de volumen de habitantes que sufre en varias temporadas al año.

Bajo control

Néstor Fernández es un taxista que lleva años bregando por la legalización del

transporte de la ciudad. Y él es quien afirma esto de que los funcionarios prefieren cazar en el zoológico antes que enfrentarse con las fieras de la selva. Lo dice con razón, porque todos los controles se dedican a aquellos que están cumpliendo con sus obligaciones, y tienen por lo tanto la presión permanente de no cometer una demora ni una falta. Los demás, sin embargo, los que están en la sombra de la clandestinidad, no tienen absolutamente ninguna conexión con el sistema de control, y por lo tanto nadie los busca para reclamarles nada.

Son los que viven en la selva, lejos de la cacería. No olvidemos, a modo de ejemplo, que la mutual de los camioneros estuvo catorce años sin presentar un solo balance de sus actuaciones. Nadie le dijo nada.

Hace cuatro años rige en la ciudad una nueva ordenanza que permite conceder licencias de taxis a cooperativas de trabajo que estén debidamente registradas, y constituidas para el beneficio común de todos los asociados.

Néstor es presidente de la cooperativa de taxis Plus Ultra, la cual ha debido atravesar todos los controles reglamentarios para conseguir su habilitación, y es permanentemente monitoreada por los organismos estatales que exigen la documentación pertinente en un plazo de 45 días, al cabo de los cuales se evalúa el curso de su modalidad de trabajo. Y Plus Ultra lo cumple. De esa manera obtuvo su matrícula a nivel provincial, en la DIPAC, y a nivel nacional, en el INAES. Lo mismo ha sucedido con las restantes dos cooperativas de igual servicio, COOPUERTAX y COTRATAX.

Resulta que recientemente todos solicitaron de la manera correcta su inclusión en el Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes, pero la petición resultó denegada, sin un motivo válido. Esa fue la muestra de la plena vigencia de una lucha que parece no terminar. En otras palabras: cierto sector parece no estar de acuerdo con que estos taxistas estén trabajando bajo el régimen cooperativo, pretenden presionarlos para que desistan. Todos deben, a juicio de algunos, trabajar organizándose a la manera tradicional.

A partir de aquí –según se expone- ha habido una persecución política que creó gran incertidumbre en los taxistas cooperativos. Precisamente denuncia Fernández que hay una comunión entre funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Provincia, con anuencia de municipales y la fuerza del Sindicato Único de Peones de Taxis, para obligar a los taxistas a firmar planillas, en las que incluso se han modificado sus propios datos. Parece que el sindicato les ha dicho que dejarán de funcionar las cooperativas “por las buenas o por las malas”: tal es el clima que se vive, por ejemplo, en las paradas de taxis.

“Desde arriba”

La cooperativa Plus Ultra ocupa un espacio cedido por una compañía de seguros en Mitre al 3000, ya que carece de local propio. El pasado 5 de abril se suscitó allí un hecho violento cuando un grupo de taxistas -según Fernández pertenecientes al Sindicato Único de Peones de Taxis- irrumpió y rompió los vidrios, además de hacer pintadas diciendo que los cooperativos cometían fraude laboral. Ellos llamaron a la Policía Departamental, donde según las declaraciones del denunciante, el oficial inspector Robledo le habría asegurado que mandaría custodia para detener los desmanes. Afirma Fernández que lo único que hizo la policía fue cortar las calles para que nadie molestara a los agresores, que tiraban huevos y rompían todo.

Parece que no intervinieron porque hubo una “orden de arriba”. Y Fernández se pegunta con razón: “¿Quién es arriba, entonces? ¿Quién? ¿La Municipalidad, que había reglamentado el funcionamiento? ¿La Nación o la Provincia, que realizan las inspecciones reglamentarias? ¿Quién está arriba?”. Así es nomás. Parce que hay razón al afirmar que los funcionarios gustan de cazar en el zoológico, mientras la ciudad vive en un red de trasporte ilegal que nadie mira.

Fernández ha presentado notas innumerables a los responsables de ARBA y de AFIP pidiéndoles que se ocupen de las remiserías clandestinas, sin ningún resultado. Sólo consiguió que el contador Roberto Sixto Seara, de la AFIP, le dijera que la cuestión de los ilegales no era de interés fiscal. ¿Qué es de mayor interés fiscal que una nómina de treinta empresas clandestinas en una sola ciudad?

Ni siquiera el Intendente alzó la mirada después de releer alguna de las incontables notas que recibió, firmadas por Fernández. Allí le reclama que, tras su inactividad de años como concejal, podría por lo menos cumplir con la tarea que le ha sido encomendada, y sanear la ciudad de actividades ilegales. En lugar de contar las costillas de las cooperativas y hacerlas apretar por el sindicato, tal vez sería bueno -le aconseja- revisar un poco las remiserías, o las plantas del puerto.

Pero no, en la selva los funcionarios no se meten. Por eso existen los safaris virtuales, tan seguros y contenidos, donde nadie se ensucia ni siquiera el ruedo del pantalón.