Jorge Echelini informó que la finalidad de la iniciativa que presentará el intendente Martín Buzzi es la de fijar objetividad de criterios, promoviendo que la Legislatura de la provincia comience el análisis de las modificaciones, para incorporar pautas objetivas con la que se manejen los jueces en la aplicación del Código Procesal Penal.

Así, en concordancia con antiguos códigos de procedimientos, se apunta a que ciertos tipos de delitos con determinada gravedad en la imputación, impidan que el juez pueda liberar al imputado mientras dura el proceso.

"Acá hay una confusión entre peligrosidad y el peligro de dejar a una persona durante mucho tiempo encarcelada, pero lo que hay que lograr es que el proceso dure lo mínimo posible para que la persona sea damnificada en la menor medida posible si es que luego resultara liberada", argumentó Echelini.

A ese concepto, añadió que los "viejos" códigos establecían pautas objetivas respecto de la negativa de excarcelación, citando por ejemplo que aquellas imputaciones con expectativas de pena mayores de 6 años impedían que el juez pudiera excarcelar al imputado, al igual que la reincidencia en delitos de expectativa de pena de más de tres años.

"Generalmente eran delitos de gravedad: homicidios, violaciones, lesiones culposas o graves", graficó el secretario de Gobierno, en su carácter de abogado, al señalar que el proyecto del Ejecutivo municipal ha incorporado otros elementos, pero que el fin es que empiecen a añadirse al Código Procesal Penal estas pautas objetivas que desaparecieron con su modificación.

ELECCION POR VOTO POPULAR

Al plantear públicamente la necesidad de una reforma sensible al Poder Judicial, Buzzi propuso inclusive la posibilidad de determinar la designación de jueces y fiscales mediante el voto popular.

Al respecto, Echelini puntualizó que implementar tal sistema requiere de un paso mucho más delicado, como la reforma de la Constitución Provincial y aunque reconoció que tal posibilidad no es de facultad municipal, subrayó: "nosotros sí lo estamos planteando".

Sostuvo que el hecho de que el acusador público fiscal sea electo por la ciudadanía, no implica una extrañeza dado que se practica en otros países del mundo. Agregó que en definitiva el fiscal es el acusador de la comunidad, de modo que no ve por qué no puede ser designado en elecciones generales.

También reconoció que hay opiniones encontradas respecto de la aplicación del sistema electivo popular en el caso de los jueces. Allí tomó distancia del posicionamiento de Buzzi, aclarando que por su formación profesional no concuerda con esa idea, "sí en el caso de los fiscales, pero me parece que los juzgadores deberían ser independientes de cualquier planificación política", explicó.

En la misma línea argumental respecto de los fiscales, fundamentó que este define las políticas del Estado en la acusación pública y recordó que de hecho en el antiguo sistema el fiscal en jefe era elegido por el Poder Ejecutivo, en función de su relación directa con el esquema eleccionario. "Nosotros queremos avanzar un poco mas allá. Que sea el fiscal quien sea elegido por la ciudadanía, que deba someter su función al voto continuo, de tal manera que sea la gente quien apruebe si siente o no que la fiscalía realiza su labor como corresponde, que es representarlos en la acusación pública", argumentó.