En un alegado de casi tres horas, Tania Kiriaco y David Leiva argumentaron que el crimen fue parte de un plan que buscó generar pavor en la población y se encubrió con el "mandato de silencio" que bajaron entonces el Ejército y los organismos represores.

"Para hacerlo desaparecer hacía falta expulsarlo previamente del Estado y también de la sociedad de Tartagal".

Así describió Leiva la relación entre el despido que Bustos sufrió en 1977 de sus horas en un colegio secundario, la negación de su titularidad en el registro notarial y su posterior secuestro y desaparición.

El secuestro de Bustos fue, según insistió la querella, una deriva lógica de las amenazas y la persecución ideológica que el escribano había sufrido en 1977 y que lo llevaron a un momentáneo exilio en Bolivia. Sindicado en las amenazas que recibía como "comunista" y como un pervertidor de la mente de los jóvenes, Bustos en realidad era un humanista, un hombre que se había integrado al radicalismo, al desarrollismo y al socialismo, y un "contestatario", pero nunca un integrante de organizaciones guerrilleras, describió la querella.

Fue, sin embargo, la misión que las Fuerzas Armadas se auto otorgaron con el golpe militar del 24 de marzo de 1976 y la representación que sus organismos se hicieron del escribano, lo que finalmente decidió su suerte, insistieron los abogados durante los alegatos.

El secuestro de Bustos, sin embargo, no tuvo como único fin la desaparición de alguien considerado comunista por las Fuerzas Armadas: su objetivo también fue generar el pavor en la población de Tartagal, un temor que se azuzó aún más para encubrir el crimen "Hubo toda una operación sicológica para bajar el mandato de silencio a la población que hacía pensar que algo le podía ocurrir al que denunciaba, y que la denuncia también podía acelerar la muerte del secuestrado", aseveró Leiva.

La "revictimización" de las familias de los secuestrados fue -insistieron los abogados- una de las consecuencias más denigrantes de esa metodología: "Ese mandato de silencio tendía a generar culpa entre los familiares. De hecho aquí su hijo, Raúl Federico, dijo que se sintió culpable por haber abierto la puerta a los secuestrados de su padre.

Leiva atacó así una de las argumentaciones preferidas de los acusados, que preguntaron durante su indagatoria porqué Raúl Federico no le había comentado a amigos suyos quiénes habían secuestrado a su padre.

Tal como lo hizo en la instrucción, la querella puso dentro del contexto del terrorismo de Estado el crimen contra Bustos. "Está comprobado que en Tartagal funcionaba la sub área 322.1 de la denominada lucha contra la subversión. Y que luego del golpe de Estado del 24 de marzo, en el Regimiento de Infantería de Monte 28 habían quedado detenidas ilegalmente 57 personas", dijo Leiva Luego, agregó, aludiendo a la última indagatoria de Arias.

"Que hayan sido 30 mil desaparecidos, que hayan sido cerca de 9000 como constató la CONADEP en su momento, o que hayan sido 15000 según los actuales registros de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación no modifica que se trataron de crímenes de lesa humanidad que no pueden ser desestimados con tanto odio como aquí se dijo".

Leiva y Kiriaco pidieron la perpetua en cárcel común para Carlos Arias -el militar reconocido por el hijo de Bustos como el que entró a su domicilio y secuestró a su padre- y su jefe Zírpolo.

El primero como partícipe necesario y el segundo como autor mediato de la violación de domicilio, la privación ilegítima de libertad, la vejación y el asesinato de Bustos, agravado por su calidad de funcionarios y la alevosía del crimen.