“Definitivamente, señor Bush, nunca más.” El alegato final que el fiscal Julio Strassera hiciera popular para inmortalizar la condena a la violación de derechos humanos de la dictadura argentina podría escucharse nuevamente, pero en boca de quien entonces fue su escudero en la batalla, Luis Moreno Ocampo. Porque tras la confesión del ex presidente George W. Bush de haber ordenado torturas a los prisioneros de su “guerra contra el terror”, el camino legal para que el procurador de la Corte Penal Internacional (CPI) lleve a juicio al ex mandatario como parte de un plan sistemático de crímenes humanitarios quedó abierto como posibilidad jurídicamente real.

“Lamento no poder dar una opinión en esta oportunidad”, respondió escuetamente Moreno Ocampo cuando PERFIL lo contactó para corroborar la información que el diario disponía de otra fuente del tribunal. Sólo unos días antes, Bush había presentado sus memorias, Decision Points, donde aceptaba públicamente su aval a las torturas porque servían a su misión superior como jefe de Estado de salvar vidas en su país. Y sus palabras lo condenaron de antemano.

En el artículo 7 del Estatuto de Roma, que dio forma a la Corte, los delitos de tortura, encarcelación en violación de normas fundamentales de derecho internacional y desaparición forzada (en los casos que no se informe la identidad de los detenidos al momento de su captura) son crímenes de lesa humanidad. Y en el apartado Nº13 se estipula que el Procurador puede investigar de oficio cuando ocurren delitos en un estado firmante del Estatuto, iniciar acciones ante la denuncia de cualquier ciudadano de un estado miembro e incluso indagar en un estado no parte si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se lo ordena, como sucedió con el genocidio de Darfur.

El territorio de Estados Unidos no entra en la jurisdicción de Moreno Ocampo porque no integra la lista de 114 estados que ratificaron el Estatuto a octubre de este año. Y tampoco es esperable que el Consejo de Seguridad, donde Washington goza de poder de veto, lo faculte para investigar. Pero hay tres países donde subsisten denuncias de crímenes de lesa humanidad por parte de soldados y agentes de la CIA que sí forman parte del Estatuto y de la jurisidiccón legal de la Corte: Afganistán, Polonia y Rumania.

Según explicaron a PERFIL fuentes de la Corte, una de las vías posibles es analizar los 1.245 vuelos de la CIA que trasladaban detenidos ilegales de un extremo al otro del mundo haciendo base en estados miembros de Europa. Son los casos de Polonia y Rumania donde, según un informe del Parlamento Europeo de 2007, operaban centros clandestino de tortura. También existe una tercera posibilidad: la base militar de Bagram, la “Abu Ghraib” afgana, donde la Cruz Roja Internacional alertó que se alojaba una cárcel secreta.

“Las palabras de Bush son un reconocimiento explícito y prueba suficiente para una investigación criminal sobre su responsabilidad en autorizar la tortura sistemática de detenidos bajo custodia de Estados Unidos”, le aseguró a PERFIL desde Washington la directora del Programa sobre Terrorismo y Contraterrorismo de Human Rights Watch (HRW), Joanne Mariner. Y recordó que en su país ya existe una investigación preliminar sobre los abusos cometidos por la CIA.

Sin embargo, al ser considerado un tribunal de último recurso, cualquier investigación que se abra dentro de los países respectivos anularía su posible intervención. Eso sucedió en Irak, donde la Corte comenzó a indagar en las responsabilidades de Londres, como estado parte, pero la designación de una comisión del Parlamento del Reino Unido lo obligó a cancelar. Paradójicamente, el único escollo para Moreno Ocampo sería la propia Justicia. Aunque sea una Justicia con poco ánimo de condenar