Tras un arduo debate todos acordaron que el proyecto de relocalización aún no tiene el fundamento necesario, a fin de evitarle un juicio millonario a la ciudad. Hubo un compromiso de la empresa de asistir al colegio en las obras necesarias hasta determinar las causas, para lo que incluso el Municipio anunció la contratación de una empresa de Comodoro Rivadavia a tal fin.

El encuentro convocado por la Presidenta del Concejo, la concejal Miriam Boyadjián, tuvo la presencia del cuerpo de ediles, además de la rectora del colegio María Auxiliadora, María Elina Picone, acompañada por un padre y un docente, el asesor letrado del municipio, el Dr. Daniel Garay, el secretario de Desarrollo Sustentable de la Provincia Ariel Martínez; el subsecretario Juan Cejas; y el responsable de la firma AUTOSUR Cristian Sist y su abogado patrocinante, José Pellegrino.

La reunión sirvió para descomprimir una situación en la cual “se pretendía que nosotros aprobemos el proyecto del Municipio de relocalización de la estación de AUTOSUR” dijo la concejal Boyadjián respecto de la manifestación realizada por la comunidad educativa del colegio María Auxiliadora.

Apenas iniciada la reunión, la rectora del colegio María Auxiliadora, quien a la salida del encuentro no quiso brindar declaraciones a los medios, recriminó a los concejales por la no aprobación del proyecto de relocalización, ante lo cual recibió una contundente respuesta de parte de la concejal Boyadjián, quien le manifestó respecto del riesgo de una medida que podría “provocar un perjuicio económico al Municipio que después vamos a tener que pagar todos”, en razón de la demanda que advirtió la empresa Autosur ante un proyecto que el propio asesor letrado del municipio reconoció, debe tener más fundamentos.

Asimismo el secretario de Desarrollo Sustentable de la Provincia, Ariel Martínez, intervino y aseguró que “la relocalización no les va a solucionar el problema”, expresó en referencia al colegio, y de hecho ratificó el informe que desde su área efectuaron “lo que hicimos fue marcar cual es el sentido desde lo jurídico, lo técnico de lo que debían hacer cada una de las partes, asumiendo la responsabilidad de lo que tiene que ver en la materia ambiental, dejando en claro que lo que tiene que ver con los combustibles en las estaciones de servicios está en manos de la secretaria de combustible o de energía de Nación”, expresó Martínez.

Autosur colaborará con obras en el colegio

En ese sentido el listado de medidas correctivas comprende incluso al colegio María Auxiliadora con obras y refacciones internas que debe realizar, por lo que la mesa de diálogo fue fructífera para permitir que la empresa Autosur asumiera el compromiso de costear esas obras, incluso la concejal Boyadjián propuso que pueda costear los gastos que le insume a la institución el actual dictado de clases en la Misión Salesiana.

En ese sentido el representante de Autosur, Cristian Sist, asumió el compromiso de “trabajar en forma conjunta teniendo en cuenta como prioridad la reapertura del colegio, que convoquemos a quien sea necesario para que transmita tranquilidad y avanzar en tal sentido”.

Asimismo Sist aseveró respecto del proyecto de relocalización, “quedó en evidencia que al Proyecto de Ordenanza le falta trabajar algunos aspectos” por lo que “se ha dado más plazos para esta evaluación lo cual nos parece muy positivo”, concluyó.

Municipio contrató a auditoría externa

Finalmente el asesor letrado del municipio, el Dr. Daniel Garay, reconoció en el encuentro que se debe obtener mayor fundamento al proyecto de relocalización, por lo que el Municipio “ha contratado a una empresa tendiente a analizar la condición de riesgo en el lugar; la condición ambiental y las napas freáticas y luego va a estar en condiciones de determinar si están dadas las condiciones de seguridad para que los chicos puedan volver a clases”.

Si bien aclaró que “el daño ambiental ya esta hecho”, Garay indicó que “hay normas vigentes que impiden que la Estación de Servicio este ubicada en ese lugar”, “porque hay un Código de Planeamiento Urbano que esta vigente y lo prohíbe” entendiendo además que a su entender “no hay un derecho adquirido” por parte de la empresa Autosur.

Por lo pronto las partes se dieron un tiempo de estudio, a la espera de que la empresa Autosur finalmente logre determinar “las causas que generaron la contaminación”.