En la tarde de anteayer, los padres de los estudiantes mexicanos desaparecidos llevaban más de dos horas de espera a las puertas del Senado cuando uno de ellos, con más angustia que impaciencia, preguntó: "Pero, ¿qué hemos hecho para que nos traten así?".

Debe de haber un momento en el que el dolor se transforma y cambia de piel. O quizás, con el paso del tiempo, convence a quien lo carga entre los hombros y el alma de que la mejor manera de convivir con ese peso insoportable es intentar algo útil, un acto de redención capaz de conjurar aquello para lo que faltan las palabras.

El jueves pasado, como prueba de su desesperación sin fin, los padres pidieron ampliar la "búsqueda ciudadana" de sus hijos. La comprobación de que el cuerpo del estudianteAlexander Mora fue quemado en el basurero de Cocula -señalado por la Procuraduría General de República (PGR) como el lugar donde los 43 estudiantes fueron asesinados y calcinados- no le resta fuerza al pedido de unos padres que exigen saber exactamente qué pasó con sus hijos.

Pero como no confían en la PGR, ni en los senadores ni en el propio presidente, los familiares le piden a la sociedad que busque por su propia cuenta. ¿Se puede imaginar un dolor semejante, en el que la pena por el hijo desaparecido convive con la soledad y el abandono? No, como también cuesta admitir que la dimensión del drama que por estos días vive México no termina en el desencuentro entre un Estado copado por el crimen y los familiares de las víctimas de la peor tragedia reciente que haya vivido el país.

Cuando ya pasaron 75 días de la masacre de Ayotzinapa, un caso que logró conmover al mundo, lo que nadie podía saber es que al dolor por la desaparición de los jóvenes habría que sumarle la indignación, la rabia y la sorpresa ante la pasmosa insensibilidad de un Estado que convirtió a líderes del narcotráfico en funcionarios públicos (como el ya detenido ex alcalde de Iguala José Luis Abarca), y que, con la presunta intención de afianzar la seguridad ciudadana, días atrás obligó al presidente Enrique Peña Nieto a lanzar un programa de diez medidas urgentes.

Entre las medidas, se destaca la creación de un teléfono único de emergencias, el 911, para pedir ayuda inmediata a la policía en caso de secuestro o algo peor. Pero esas iniciativas oficiales no tienen en cuenta que, como Ayotzinapa dejó claro con una brutalidad sin precedentes, en el México actual los secuestradores pertenecen al bando uniformado de los que atienden cuando se llama al 911. Y, además, que sus cómplices aparecen con nombre y apellido en las boletas electorales, protagonizan actos de campaña, y prometen cambios y reformas. Como ya comenzaba a hacerMaría de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca y jefa de jefas en el cartel Guerreros Unidos, la noche del 26 de septiembre, en la que la sangre y la impunidad se unieron para que nadie arruinara su lanzamiento extraoficial como sucesora de su marido en la alcaldía de Iguala.

Cuando ya pasaron 75 días de la masacre de Ayotzinapa, un caso que logró conmover al mundo, lo que nadie podía saber es que al dolor por la desaparición de los jóvenes habría que sumarle la indignación, la rabia y la sorpresa ante la pasmosa insensibilidad de un Estado

Para Abarca y su esposa, los "normalistas" educados en la misma escuela rural de donde surgieron los principales líderes de la guerrilla campesina del país representaban el mayor peligro contra sus planes de perpetuidad en el poder. Ahora, más de dos meses después de la tragedia, ese peligro se ha multiplicado y extendido, porque en sus raíces habita el dolor de toda una sociedad que no consigue hacer escuchar sus demandas de justicia.

Tal vez por eso, como una nueva medida de reparación de daños, el viernes pasado Peña Nieto convocó a "un esfuerzo colectivo para ir hacia adelante y poder superar este momento". Ya que los cuerpos de los alumnos no aparecen (excepto uno que ya fue identificado), no se investiga a los gobiernos estatales y ningún funcionario de alto rango ensaya algo parecido a unas disculpas en nombre del Estado, parecería que el rumbo oficial avanza hacia el intento de enterrar la memoria de lo ocurrido en la fosa común del olvido imposible.

Justamente lo que los padres de los desaparecidos no pueden ni quieren hacer, la razón que los mantiene firmes en su espera de más de dos horas a las puertas del Senado en Ciudad de México sin que nadie salga a informarles si en algún momento habrá alguien que los quiera recibir.

-¿Qué es lo que hacemos de malo? ¡Estar aquí!

La voz surgió del grupo de padres, activistas y representantes de ONG reunidos en la puerta del hogar del Poder Legislativo, anónima y potente como la mayoría de las que reclaman justicia a lo largo y ancho de México. Y lo mismo se debe haber dicho días atrás el estudiante Sandino Bucio, miembro del movimiento "Yo Soy 132" (surgido tras la presentación del entonces candidato Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana), que el 28 de noviembre pasado fue secuestrado durante varias horas por miembros de la policía federal vestidos de civil.

Según dijo Sandino luego de su liberación, los policías lo golpearon, amenazaron con violarlo y lo obligaron a dar los teléfonos y otros datos personales de sus compañeros en el movimiento. De acuerdo con la policía federal, la detención y el secuestro eran parte de la investigación por los hechos violentos registrados al final de la gran movilización popular del 20 de noviembre en la capital. Para el resto de la sociedad, el mensaje fue claro: las autoridades intentan amedrentar a aquellos dispuestos a oponerse a que Iguala se convierta en un hecho triste como cualquier otro.

El 22 de octubre, menos de un mes después de la matanza de Guerrero, alguien asesinó a sangre fría y en plena calle del barrio capitalino de Coyoacán a Gilberto Arturo Sánchez Osorio (del PRI), diputado suplente de Manuel Añorve, legislador que representa al estado de Guerrero en el Parlamento nacional. El asesino permanece prófugo, al igual que el secretario de seguridad pública de Iguala, Felipe Flores.

Más de dos meses después de la tragedia, ese peligro se ha multiplicado y extendido, porque en sus raíces habita el dolor de toda una sociedad que no consigue hacer escuchar sus demandas de justicia.

En la lógica del ciudadano medio, alguna relación hay entre la celeridad policial para secuestrar a un estudiante y los evidentes problemas de las autoridades para atrapar a un asesino de diputados en un barrio residencial de la capital y a un funcionario de un gobierno liderado por una pareja de ya comprobados nexos con el narcotráfico.

Esa misma lógica es la que brilla en las palabras de Mario César González Contreras, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, cuando después de tres horas de espera, se sienta enfrente de una decena de senadores, y dice:

-Ahora nos hacen esperar, pero ¿qué tal, señores, cuando nos van a pedir el voto? Nos dan la mano, aunque la tengamos sucia por el trabajo. Ahí sí somos ciudadanos respetables, ¿no? Pero cuando tenemos un problema, como es perder a un hijo, nadie se nos acerca. Nadie, de ninguna dependencia, se nos acercó durante dos meses. A mí me da tristeza que México esté en manos de personas tan insensibles, que sólo después de 70 días nos abre las puertas. Pero, ¿saben qué? ¡Ya basta! Ya no tenemos lágrimas, ¡sólo coraje contra ustedes!

FOSAS

Desde el 26 de septiembre, más y más fosas comunes con cadáveres de identidad desconocida aparecieron en varios estados, y las noticias de esos hallazgos ya ni siquiera llegan a la tapa de los diarios.

"Hoy, todo México es una fosa", dijo el cura Alejandro Solalinde, sacerdote católico defensor de los derechos humanos, con demasiada razón. Nadie reclama los muertos aparecidos en fosas de Coahuila, Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Sonora, pero su silenciosa voz anónima constituye el eco atroz de la causa que defienden los padres de los estudiantes de Ayotzinapa.

Desde el 26 de septiembre, más y más fosas comunes con cadáveres de identidad desconocida aparecieron en varios estados, y las noticias de esos hallazgos ya ni siquiera llegan a la tapa de los diarios.

Semanas atrás, en una de las fosas de Guerrero donde se buscaban los restos de los estudiantes se encontró el cráneo del sacerdote ugandés John Ssenyondo, reportado como desaparecido en abril por la diócesis católica del estado. Ssenyondo habría sido secuestrado días después de negarle el bautismo a un chico cuyos padrinos no estaban casados.

Según los pobladores de la zona, el chico en cuestión era el hijo de un capo local del narcotráfico; los mismos pobladores afirman que el religioso fue capturado tras celebrar una misa en una comunidad rural. Pero el horror sigue y nadie sabe cuáles son sus límites, si es que existen.

El domingo pasado, el cuerpo de Erika Kassandra Bravo Caro, enfermera de 19 años, fue encontrado a un costado de una ruta de Michoacán, con el rostro desollado. Sus heridas y cicatrices recuerdan el hallazgo de Julio César Mondragón, el "normalista" muerto y desollado durante la noche del 26 de septiembre en Iguala. Tal vez convenga recordar que, a principios de este año, fuerzas federales tomaron el control militar de Uruapan, una de las capitales del narcotráfico abanderado por el temible cartel de La Familia Michoacana. El cuerpo de Erika Kassandra apareció a menos de diez minutos del puesto militar que vigila la ruta.

"Exigimos que se suspendan las próximas elecciones en Guerrero -pidió Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes, en su reunión de anteayer en el Senado-. ¡No se pueden celebrar elecciones donde hay 42 desaparecidos!"

Cuando escucharon ese pedido, senadores del izquierdista PRD, el derechista PAN y el PRI se miraron entre ellos, y la evidente incomodidad los hizo moverse de sus asientos. Al mismo tiempo, no muy lejos de allí, en la Cámara de Diputados guardaban un minuto de silencio en memoria de Alexander Mora. El dolor de los padres y del resto de la sociedad reclama mucho más que eso.

UN CASO QUE CONMUEVE A MÉXICO Y AL MUNDO

26/09

El día trágico

En un ataque de policías y presuntos grupos de narcos, mueren tres estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y otras tres personas que no pertenecían a la institución, al tiempo que desaparecen 43 jóvenes

7/10

Confesión

Según las autoridades, tres sicarios detenidos del cartel Guerreros Unidos confesaron que la policía les entregó a los jóvenes y que ellos los ejecutaron y quemaron los cuerpos; luego, según el relato, los depositaron en bolsas y los arrojaron a un río cercano

8/10

Marchas mundiales

Se llevan a cabo multitudinarias marchas en México y otros nueve países por la aparición de los 43 estudiantes

22/10

Acusación formal

El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, es acusado por la desaparición de los jóvenes, pero permanece prófugo junto con su esposa, vinculada con los grupos narcos

27/10

Hallazgo

Encuentran restos humanos calcinados en el basurero municipal de Cocula, cerca de Iguala

29/10

Reunión

El presidente Enrique Peña Nieto recibe por primera vez a los familiares de los desaparecidos y se compromete a investigar a fondo el caso

4/11

Arresto

El ex alcalde de Iguala José Luis Abarca es finalmente detenido junto a su esposa en una vivienda de la Ciudad de México

6/12

Primera identificación

El Equipo Argentino de Antropología Forense confirma la identidad de restos calcinados de uno de los desaparecidos, Alexander Mora; crece la desesperanza entre los familiares de los alumnos

9/12

Ante el Senado

Una delegación de padres de los estudiantes desaparecidos presenta cinco reclamos al Senado mexicano, entre ellos la disolución de los tres poderes en el estado de Guerrero y la suspensión de las elecciones estatales del año próximo.