Por Mercedes López San Miguel

La búsqueda de la identidad de 23 personas, muy probablemente víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), convoca esta semana a organismos de derechos humanos, al gobierno de Paraguay y al Equipo Argentino de Antropología Forense. Desde hace meses un grupo de ocho investigadores paraguayos presiona al Estado para que financie el plan de trabajo de los expertos argentinos orientado a identificar a los de- saparecidos y el gobierno de salida del liberal Federico Franco ahora se muestra proclive a hacerlo.

En el patio trasero de la sede de la Agrupación Especializada de la Policía, en pleno centro de Asunción, se hallaron 15 cuerpos y ocho más en otras tumbas clandestinas descubiertas en el resto del país entre mediados de 2009 y la actualidad. Los especialistas liderados por Federico Tatter y Rogelio Goiburú, ambos hijos de desaparecidos, vienen realizando excavaciones en la sede policial desde el 27 de julio de 2009. Tatter, quien había participado en la elaboración del informe de la Comisión de la Verdad y Justicia difundido en agosto de 2008, contó a Página/12 cómo dieron con el cuartel. “En 2009 concluimos que había un lugar de enterramiento en la ex Guardia de Seguridad, hoy Agrupación Especializada, en el barrio Tacumbú. Por esa fecha contactamos al Equipo Argentino de Antropología Forense y ellos nos dijeron que necesitábamos una hipótesis en base a testimonios de personas que supieran de forma directa del enterramiento. Hicimos entrevistas con ex soldados, ex guardias, ex conscriptos y comenzamos a tener relatos bastantes fidedignos del lugar.”

De acuerdo a lo que investigaron, en el fondo del cuartel había un sector denominado “la huerta” en donde los guardias encontraban de la noche a la mañana la tierra removida. En medio de las indagaciones, un testigo dijo que debajo de un árbol había gente enterrada. Con la colaboración del Ministerio de Interior del entonces gobierno de Fernando Lugo y la orden de un juez, los especialistas entraron al lugar para analizarlo. “Debajo del árbol se encontraron primero dos cuerpos y seguimos trabajando. Los antropólogos argentinos Darío Olmo y Daniel Bustamante nos recomendaron que usemos el método de cavar trincheras en las cuatro hectáreas del terreno. En ese proceso de escaneado es que encontramos 15 esqueletos humanos completos.”

Los últimos dos hallazgos en la sede de la policía ocurrieron el 19 y 20 de marzo pasados. Sobre el primer esqueleto, el médico Rogelio Goiburú señaló a este diario que creyó que podía ser el de su padre, el también médico Agustín Goiburú, desaparecido durante el stronismo. “En base a uno de los testimonios con que cuento, podría tratarse de los restos de mi padre. Hace 20 años un testigo nos dijo que mi papá había sido enterrado a escasos metros del único árbol que se encuentra en ese lugar”, relató el médico y encargado del trabajo de campo. Sin embargo, algunas dudas le surgieron cuando encontraron el segundo esqueleto, que era el de una mujer. “No me cierra que los enterraran juntos”, dijo.

Hasta ahora el gobierno de Franco –que asumió tras la destitución de Lugo en junio del año pasado– no aportó recursos para avanzar en la identificación de los restos óseos, señaló Tatter. Tampoco Lugo hizo mucho debido a las pujas internas que enfrentó durante su inconcluso gobierno. “Desde hace meses interpelamos al Estado para que pague una misión del Equipo de Antropología que trabaje para identificar los cuerpos. Tendría que invertir unos 130 mil dólares para el análisis antropológico y la extracción del perfil genético y la toma de las muestras de sangre de familiares de las víctimas. Nos piden que ampliemos nuestra base para cotejar con la segunda generación de familiares”, dijo Tatter.

El experto contó que el día del último hallazgo apareció el ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, y se comprometió a apoyarlos. El antropólogo argentino Miguel Nieva confirmó a este diario que viajará a Asunción para reunirse con autoridades del gobierno de Franco esta semana para presentarles un proyecto de trabajo por un año y medio. El 10 de abril el viceministro de Trabajo de Paraguay, Carlos María Aquino, hizo los primeros contactos en Buenos Aires con ellos. “Veníamos trabajando en Paraguay desde 2006 a través del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal. Todo se frenó con la suspensión de Paraguay del Mercosur. Pasó lo de Lugo (la destitución) y nunca se llegó a implementar el banco de datos genéticos.” Nieva y su colega Carlos Bollo llegarán el día 14 al país vecino para presentar el plan de trabajo. La Comisión de Verdad y Justicia, antecesora del equipo que sigue las excavaciones, denunció en su informe final que al menos 59 personas fueron ejecutadas y otras 336 desaparecieron entre 1954 y 1989. La búsqueda de la identificación de los desaparecidos paraguayos continúa en tiempo presente. Y también el combate a la impunidad. De los 695 uniformados sospechosos de violaciones a los derechos humanos, sólo tres policías cumplen una condena en prisión y un militar está preso en su domicilio.