Por esta razón, el gobierno confirmó que este martes se firmará un convenio para la construcción de una necesaria planta de tratamientos de efluentes industriales, pero aclaró que la edificación de la misma se pagará con aportes económicos obligatorios que harán las principales firmas contaminantes del sector entre las que se destacan Ritex, Colortex y Tecotex.
El convenio se firmará durante la mañana en la Residencia Oficial y comprende a las empresas textiles: Ritex, Colortex y Tecotex y a las Secretarías de Ambiente y de Industria y Promoción de Inversiones.
El secretario de Ambiente, Nito Brizuela anticipó que la construcción de la planta de tratamiento final de los efluentes demandará hasta 120 días y explicó que de esta manera se estará dando solución a un problema ambiental existente desde hace más de 30 años en nuestra ciudad.
La importancia del convenio reside en que “el Estado se encargará de realizar tareas de control y de promover soluciones ambientales”, en tanto que las empresas están participando “activamente” para solucionar este problema, manifestó.
También es trascendente porque “después de muchos años de pasivo ambiental, este Gobierno empieza a dar una solución seria (a este problema), al igual que lo que se está haciendo en la planta (de la Curtiembre) de Nonogasta”, añadió.
En el caso de los efluentes industriales, el convenio establece que las empresas realizarán un tratamiento primario en sus propias plantas con el fin de efectuar la “retención y tratamiento de todos los sólidos” y reducir determinados valores como el PH y la temperatura de estos líquidos.
También aportarán fondos para la instalación de equipos de medición de estos procesos que permitirán que el Estado pueda controlar la realización de esta fase inicial del tratamiento y para la construcción de la planta de tratamiento final de estos efluentes.
Los equipos de medición se denominan “conductímetros” y permitirán establecer el nivel de conductividad con el que el agua saldrá del establecimiento fabril y que quedará perfectamente determinado en un anexo como declaración jurada, señala el convenio.
Luego de este tratamiento inicial, los efluentes serán enviados a una planta de tratamiento final que estará ubicada en un predio cercano a la planta de tratamiento de residuos cloacales del Campo San Nicolás.
Allí serán sometidos a un proceso de decantación, sedimentación y aireación especial para luego ser reutilizados en el riego de entre 600 y 800 hectáreas de emprendimientos agrícolas de la zona. La planta será construida con fondos aportados por las propias empresas, la Provincia y el Gobierno Nacional.
Brizuela explicó que, una vez tratados, estos líquidos estarán en condiciones de regar plantaciones de olivo, vid, melón, alfalfa o tomate.
En cuanto a los residuos sólidos comunes y/o especiales, las empresas se comprometerán a contratar servicios de transporte y disposición debidamente habilitados y con registro o autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Los residuos comunes “deben ir directamente a un basural autorizado y los residuos peligrosos a un lugar donde se garantice que este tratamiento no genera problemas de ambiente en el suelo, el agua y el aire”, agregó.
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