“Se trata de una herramienta creativa para hacer ágil y transparente una política de vivienda”, afirmó a EL DIARIO el ministro de Desarrollo Social, Carlos Ramos, sobre la propuesta del Ejecutivo para crear una sociedad del Estado para gestionar compra-venta de lotes. La apuesta por la eficiencia de la figura escogida se basa en que la reglamentación es la misma que rige a una Sociedad Anónima que cumple, por un lado, con los requisitos del dinamismo y, por otro, con la transparencia dada por los balances y las actas de acceso público. La característica saliente es que el Estado es el único socio de este tipo sociedad que se propone desde el Ejecutivo para la comercialización de tierras destinadas a viviendas.

“Es la primera vez que se utiliza la figura de Sociedad del Estado para este tipo de políticas. De aprobarse la norma, será la única provincia del país en utilizar este tipo de herramienta”, destacó el ministro.

El desafío es grande, ya que no hay antecedentes en la materia aunque, según afirmó el funcionario, se estudiaron diferentes políticas de tierras del país y el extranjero.

El proyecto de ley propone la creación de una sociedad del Estado que se denominaría Compañía Entrerriana de Tierra SE. La órbita de funcionamiento de esta asociación sería el Ministerio de Desarrollo Social. El exclusivo objetivo es la compra y venta de terrenos para la construcción de viviendas por parte de sectores relegados del sistema económico y social. Los destinatarios son trabajadores, desocupados, familias numerosas y población con ingresos medios y bajos. “Aquellos que no tienen capacidad de ahorro”, detalló Ramos. En este marco se busca, por ejemplo, que no proliferen los asentamientos informales, comúnmente llamados villas.

Exclusividad. El proyecto explicita que no se permitirá otra construcción que no sean viviendas, es decir, que los terrenos adquiridos no podrán ponerse a la venta ni edificar inmuebles con fines comerciales. A su vez, entre las condiciones figuran que los beneficiarios no tengan terrenos, bienes lujosos ni propiedades.

Ramos definió la propuesta como un complemento a otros programas e institutos estatales que estimulan la construcción de viviendas y resaltó el objetivo de desalentar la especulación del valor de los terrenos. Como ejemplo mencionó un caso real del que prefirió no especificar el lugar. En concreto, dijo que en un loteo se compró una parcela a $85.000 y luego de un año y medio el propietario la vendió a $220.000. “Para esto no hay explicación lógica. Se trata de simple especulación”, dijo el funcionario. Al mismo tiempo, advirtió que no se busca colisionar con los intereses del sector inmobiliario.

Capital. El capital inicial para la adquisición de las tierras será de $5 millones. Este monto será integrado por el Poder Ejecutivo “conforme las disponibilidades presupuestarias y financieras; autorizándolo a instrumentar las ampliaciones y/o modificaciones del Presupuesto que resulten necesarias a tal efecto” se lee en el proyecto.

La administración estará a cargo de un directorio que será integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros designados por el Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Desarrollo Social.

También se autoriza a la Sociedad a dictar su propio reglamento de adquisición y enajenación de bienes acorde a los objetivos dispuestos en la ley. Las operaciones comerciales que la sociedad realice estarán exentas de impuestos provinciales.

Proyecto

En términos formales, el proyecto de Ley establece la constitución de una Sociedad del Estado que se regirá por la disposiciones de la Ley nacional Nº 20.705 (que regula el funcionamiento de las Sociedades del Estado) que se denominará Compañía Entrerriana de Tierra SE y actuará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

En el artículo 2º se indica que “la Sociedad tendrá por objeto la compra y venta de bienes inmuebles para facilitar el acceso a la tierra y construcción de vivienda, realizar loteos, urbanizaciones, mejoramientos de espacio del hábitat y regularización dominial, atendiendo especialmente las necesidades de trabajadores, jóvenes, familias numerosas, desocupados y en general población con ingresos medios y bajos”.

La iniciativa explicita el “objeto social” de la compra y venta de bienes inmuebles para facilitar el acceso a la tierra y construcción de vivienda. “Además oficiará a la regularización dominial de los inmuebles fiscales manteniendo los datos actualizados dentro del sistema de información geográfica de las tierras de dominio público provincial con las bases de datos de las áreas municipales que tengan incumbencia en el tema” se indica en el proyecto.

Si bien la iniciativa ingresó a las comisiones de Presupuesto y Tierras de la Cámara de Diputados todavía no tiene fecha cierta para su tratamiento. Está previsto que el ministro Carlos Ramos participe de las reuniones con los legisladores. Se estima que en dos semanas, tal vez, se produzca el primer encuentro.

AL MARGEN

Tratamiento. Los Diputados serán los primeros en evaluar y tratar la iniciativa. Ramos consideró que el proyecto debe ser explicado, debatido y consensuado con el tiempo suficiente como para que no haya lugar a los “miedos y fantasmas” que el tema genera.

Control. La Sociedad del Estado sería controlada por un Consejo de Vigilancia integrado por un mínimo de dos miembros designados por el Poder Ejecutivo, uno a propuesta del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y otro a propuesta de Fiscalía de Estado.