Cuando el gobernador José Manuel de la Sota anunció el pasado martes el destino de 150 millones de pesos para los damnificados por las inundaciones en la Sierras Chicas, se encendieron varias alertas. Por un lado -y principalmente-, entre los afectados por el desastre meteorológico que lo perdieron todo; pero por el otro, llevó a muchos a recordar hechos más recientes en los cuales se habló de la ayuda oficial y, finalmente, en varios casos quedaron en la nada. Como por ejemplo en los saqueos de diciembre de 2013 y la explosión en Alta Córdoba, en noviembre del año pasado. 

En esta oportunidad, la suma incluye créditos blandos, pero también la compra directa del electrodoméstico o bien que se haya perdido para la posterior reposición por parte del Ejecutivo -además de la exención en impuestos provinciales-. Y pese a que en las últimas horas surgió el rumor que la entrega sería en las próximas horas, anoche un funcionario explicó a LA MAÑANA: “En primer lugar, se hace un relevamiento de todo lo perdido, que es con lo que se terminará entre hoy y mañana. Y después de eso, se juntan los ministros Daniel Passerini (Desarrollo Social), Manuel Calvo (Gestión Pública) y Guillermo Acosta (Industria) para evaluar qué es lo que necesita cada damnificado”. Con lo cual, esa parte de la ayuda debería comenzar la semana próxima; considerando que elementos como agua, comida y colchones, según el Gobierno, ya están. Afirmación que no coincide con voluntarios que hasta anoche trabajaban colaborando con familias a las cuales aún no había llegado la asistencia oficial. 

Control y seguimiento. De esta forma, y por lo informado anteriormente, los legisladores Roberto Birri (Partido Socialista) y Alejandra Del Boca (Frente Cívico) presentaron un proyecto que pretenden sea tratado la semana próxima y donde buscan “crear una comisión para el seguimiento, control y colaboración en el plan de asistencia a los vecinos de las Sierras Chicas y zonas afectadas”. En contacto con este diario, Birri señaló que “no se pretende con esto un oportunismo político, sino que se trata de controlar de qué manera se administrará ese dinero que es de todo los cordobeses”. “Queremos que se cumpla con los damnificados, no que después quede en la nada”, agregó y dijo: “Si a estos fondos se los controla, mejor”. 

El proyecto consta de componer la comisión con 10 legisladores que serán elegidos por la Unicameral y así garantizar una amplia participación. Motivo por el cual, los autores del proyecto entienden que el resto de los bloques acompañará, aunque está en duda el rol del radicalismo. 

Antecedentes polémicos. La historia reciente de las desgracias en Córdoba deja un saldo no muy alentador. En diciembre de 2013, los saqueos por el acuartelamiento policial terminaron dejando pérdidas por 400 millones de pesos, entre las viviendas particulares, pequeños comercios y reconocidos hipermercados. Sin embargo, los comerciantes de barrio tomaron como una burla en su momento los 15 mil pesos que ofrecían desde el Ejecutivo como subsidio y afirmaron que “era imposible acceder a los créditos por 200 mil pesos del Banco de Córdoba por los requisitos que se solicitaban”. 

Asimismo, casi un año más tarde, en noviembre de 2014 y con la explosión en Alta Córdoba, los vecinos afectados rechazaron de inmediato los créditos reclamando subsidios por parte de los gobiernos. Y así fue como Provincia y municipio hicieron un anuncio en conjunto. Pero, a meses de la tragedia, muchos siguen peregrinando.