La gobernadora Fabiana Ríos busco tomar distancia de un hecho de corrupción que salpica y empaña su gestión de Gobierno a partir de la condena judicial que el viernes recayó sobre el ex presidente del IPRA.

En tal sentido reconoció que la sentencia es “un golpe hacia la credibilidad del Gobierno”,  pero también es un antecedente negativo y que se contrapone con los principios que siempre alentó, con el agravante de que la persona condena era del círculo familiar lo cual la deja en una posición por demás controvertida y difícil de disimular ante la opinión pública, no se trata solo de un funcionario desleal.

Sin embargo Ríos trató de volver a levantar el discurso de la honestidad al remarcar que “hay un gobierno que ha decidido luchar contra la corrupción y no oculta, no esconde y no calla, a pesar de que acusa el golpe”.

En cuanto al origen de la denuncia, la Gobernadora recordó que la misma fue realizada  por funcionarios, puntualmente por quien era en su momento el Ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu y el Ex Concejal Gustavo Longhi, “fueron ambos a presentar la denuncia cuando se hizo público el video”, cuestión que derivó en la reciente condena judicial.

Consultada sobre la sensación luego de conocida la sentencia explicó que “me afectó por un lado, el personal, porque fue alguien a quien yo designé confiando en él. Y en el plano político, porque a un gobierno que tiene como bandera la lucha contra la corrupción, un hecho de estas características lo golpea”.

“Puede haber cuestionamientos a cerca de la sanción, cada uno puede tener su propia lectura respecto a si la misma fue escasa, fue mucha, nula, una farsa o   fue lo que cada uno considera que haya sido, pero la realidad indica que la hubo y que fue producto de una denuncia realizada por funcionario de la gestión”.

Consideró que a cualquier gobierno lo golpea una cuestión relacionada con la corrupción, “en principio porque no hay gobierno exento de hechos de corrupción”, lo que existen son “gobiernos que deciden ocultarlos y otros que no, que deciden denunciarlos y proponer a la justicia la investigación y que sea ésta la que decida la sanción”.

Por último, recordó  que es imposible controlar todos los puntos donde el Gobierno presta servicios, pero “en lo que si estamos decididos es que sobre cada punto, si hay un hecho de corrupción, se va a denunciar y se va a sancionar por la vía que debe ser sancionada."