“Rechazo la manera inconsulta en que se llevó adelante esta decisión, que al tener la posibilidad de comprometer seriamente el medio ambiente y poner en riesgo la vida y el ecosistema formoseños, el gobierno en nada ha informado aún a la sociedad sobre este tema, ni de los riesgos que pudiera implicar, ni si existen definiciones técnicas de las consecuencias ambientales sociales u económicas que la instalación podría acarrear”, expresó Buryaile.

“Tanto la ley nacional General del Ambiente 25.675 como la ley 1060 de Política Ecológica y Ambiental de la Provincia de Formosa son claras al establecer la obligatoriedad tanto de los estudios de factibilidad ambiental como de los mecanismos de consulta popular y audiencias públicas, que deben ser necesariamente previos a la autorización de este tipo de actividades que pudieran afectar el medio ambiente en su territorio”, agregó.

Para Buryaile, “los formoseños tienen el derecho a estar cabalmente informados, a ser consultados y a opinar.

Es el deber de los gobernantes respetar los derechos de sus ciudadanos. Y por ello es necesaria una audiencia pública para informar, e imprescindible la consulta popular para finalmente decidir. Sin embargo la decisión de instalar la planta ya fue tomada de manera unilateral, y ayer se presentó como una planta química sin riesgo radiactivo alguno, que generará desarrollo y trabajo. Se intentó además aparentar una pseudo audiencia pública mediante una serie de exposiciones en el Galpón G, que en nada se acercan a los mecanismos de participación ciudadana efectiva a los que obligan las leyes.”

“El mismo subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, Hugo Bay, dijo a los medios que recién después de la audiencia pública el gobierno estaría en condiciones de analizar si corresponde o no la aprobación de la instalación, mientras que al mismo tiempo el gobierno provincial emitió un comunicado de prensa en el que confirmó la radicación de Dioxitek en Formosa, a 16 kilómetros de la ciudad Capital. ¿Y el cumplimiento de las exigencias legales previas?”, se preguntó el legislador formoseño.

“Recordemos que esta plata ha sido clausurada por la municipalidad de Córdoba y fue rechazada por varias municipalidades por altos los niveles de contaminación que produce, y que, hasta donde sabemos, no está demostrado que pueda tener un impacto positivo en la economía provincial como para poder hablar siquiera de desarrollo sustentable”, agregó.

“Por otro lado no podemos perder de vista que el proceder del gobierno podría poner en riesgo las buenas relaciones con el vecino país de Paraguay.

Es imperioso que se cumpla la Convención sobre Seguridad Nuclear que califica como indispensable contar con la información confiable que brinde un estudio de factibilidad y análisis de seguridad nuclear, siempre con carácter previo a la instalación de este tipo de plantas en zonas de fronteras. Además los principios internacionales de buena vecindad y de cooperación que exigen consultas previas entre los estados”, expresó Ricardo Buryaile.

“Lo cierto es que hoy la sociedad está atemorizada y nadie del gobierno parece tener una respuesta tranquilizadora. Esta cuestión no es una simple decisión que se pueda tomar a la ligera y sin tener en cuenta las consecuencias. Están en juego nada menos que la vida y la salud de los formoseños, y no podemos permitir que se sigan vulnerando sus derechos”, finalizó.