Salta y otras veintiún provincias votaron en contra del régimen de retenciones bancarias instrumentado por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) y forzaron la revisión de una normativa del convenio multilateral, reformulación que podría ponerle un cepo a la "voracidad" impositiva bonaerense. El daño económico que el gobierno de Daniel Scioli está provocando a empresarios y a las cuentas estatales guió a los funcionarios que levantaron la mano para pedir que se prohíba el cobro de cualquier impuesto en base a presunciones.

Si esa modificación interna queda en firme, Buenos Aires no podrá seguir haciendo lo que hace: retener el 3% de las cuentas bancarias de quienes realizan compras en aquella provincia, en concepto del impuesto a los ingresos brutos, sólo porque los sabuesos de Scioli presumen que también realizan operaciones de venta. Se estima que desde fines del año pasado ARBA recaudó entre 2 y 3 mil millones de pesos, entre todas las jurisdicciones, en forma "compulsiva e indebida".

"Esos millones fueron mal retenidos, es plata ajena que usa Buenos Aires para financiarse, es plata sin costo. Lo que logramos fue el inicio de solución", dijo a El Tribuno el secretario de Ingresos Públicos provincial, Javier Montero, quien participó en reuniones de la Comisión Arbitral y Comisión Plenaria del Convenio Multilateral. En El Calafate, los funcionarios bonaerenses quedaron solos y enfrentados a sus pares de otras 22 provincias que exigieron un freno a ese tipo de cobranza.

Devolución y contundencia

"La votación fue contundente, por lo que estimamos que todo está encaminado", agregó el funcionario. El jueves pasado fue el día clave del debate interprovincial. Fue cuando la mayoría aprobó la revisión de esa normativa interna, proceso que demandará al menos un par de semanas, ya que la jurisdicción acusada podrá recurrirla: "Si el cambio queda en firme, cosa que suponemos por la contundencia de la votación, Buenos Aires tendrá que dejar de retener fondos", agregó Montero.

Ahora se abre otra instancia de reclamo: la devolución de los fondos retenidos a los empresarios de Salta y la agilización de una nota consensuada por los 22 funcionarios para solicitar la suspensión de la aplicación del cobro del impuesto a los ingresos brutos, calificada por los damnificados de "ilegal".