El gobernador Eduardo Brizuela del Moral se reunió ayer, a mediodía, con el intendente de Andalgalá, José Perea, para analizar la realidad de ese departamento en torno al conflicto que se generó por el enfrentamiento de diferentes sectores de la sociedad por las explotaciones mineras.

De la reunión también participó el ministro de Gobierno y Justicia, Javier Silva, y el presidente del Concejo Deliberante de Andalgalá, Martín Garay.

Diálogo

El encuentro con el intendente Perea tuvo por finalidad dar continuidad a la ronda de diálogo que encabeza el mandatario provincial con los diferentes sectores de la sociedad de Andalgalá.

La premisa del Gobierno es encontrar una solución al conflicto a través de acciones consensuadas.

También se habló de los daños causados en el edificio central del municipio andalgalense, que demandará una erogación de $500 mil para su reparación total.

Objetivo

Silva fue el encargado de dar a conocer el alcance del encuentro.

"Esta serie de reuniones que se entabló con los diferentes sectores de la sociedad de Andalgalá tiene por finalidad, por parte del Gobernador, tomar conocimiento de cada una de las posturas existentes en torno a este conflicto y, a partir de allí, intentar generar una solución con armonía y respetando lo establecido en la legislación vigente", acotó el funcionario.

El ministro señaló además que en el encuentro se abordaron otros temas de carácter institucional, entre ellos, el análisis de diferentes obras que se ejecutan y de aquellas que pronto se pondrán en marcha.

Declararon testigos por el corte de ruta

Comenzó ayer la ronda de declaraciones de testigos por incidentes ocurridos durante el bloqueo antiminero camino a El Potrero, en Andalgalá, antes de los hechos más violentos del 15 de febrero pasado. Eran varios los testigos citados a declarar por una causa iniciada a raíz de una denuncia de un integrante de la Asamblea El Algarrobo de apellido Abraham, quien denunció a un hombre de apellido Ocampo por amenazas y por haber intentado atropellarlo con su camioneta al pasar por el lugar donde está apostada la asamblea ambientalista. A su vez, Ocampo realizó una denuncia en contra de Abraham también por amenazas, daños y lesiones leves. Ésa es una de las tantas causas judiciales radicadas en la Fiscalía de Andalgalá por los disturbios que se produjeron a raíz del conflicto minero. Días pasados se concretaron algunos allanamientos, ordenados por la fiscal, con la intención de recuperar elementos supuestamente robados durante las horas más álgidas del conflicto.