Cuando se completen los ocho años de gestión del gobernador Eduardo Brizuela del Moral, la planta pública habrá crecido en casi 11.000 agentes, hasta alcanzar los 34.000 empleados que prestan servicios para el Estado provincial. Al menos, así son los números actuales, que podrían incrementarse aún más si la Legislatura finalmente convalida el pedido de dar contratos de servicios a 2.600 trabajadores precarios de Obras Públicas, Vialidad y la Secretaría del Agua.

El fuerte engrosamiento de la planta estatal se puede apreciar en la evolución de los números contenidos en los sucesivos Presupuestos desde 2003, año del inicio del primer mandato de Brizuela, hasta el último cálculo de gastos que probó la Legislatura provincial.

Al asumir el mandatario, la planta permanente del Estado provincial tenía 22.735 empleados, mientras que los agentes temporarios sumaban 523. De allí en adelante, el crecimiento anual estuvo en el orden del 3,9 por ciento al 8,7 por ciento, llegando hasta este año, que prevé una planta permanente de 31.419 agentes y una planta temporaria de 2.647 empleados, es decir, 10.808 más que en 2003.

Estos números corresponden a los trabajadores que tienen empleo en blanco, lo que implica que están categorizados en el escalafón administrativo de la Provincia, y no tienen en cuenta a los cientos de becados y contratados de obra (por ejemplo, los monotributistas) que desempeñan variadas tareas en organismos y oficinas del Estado.

Muchos de los becados ingresaron al sector público, tras la destrucción de puestos de empleo en el sector privado.

En el caso de los trabajadores de la obra estatal, se dio la particularidad de un régimen renovable, que si bien les otorgaba ciertos beneficios (como la obra social), no les aseguraba estabilidad.

El problema fue que un grupo importante de estos empleados permanecen desde hace años en esta condición. Son los mismos que reclamaron la estabilidad laboral a comienzos de este año, y que el gobernador Brizuela, en plena campaña proselitista, prometió incorporar en la planta temporaria del Estado.

En el caso de los becados, de los existen distintas modalidades (ver aparte), también se fueron haciendo incorporaciones por medio de contratos, pero sigue pendiente la contratación de un importante número de ellos.

El viernes, la diputada opositora Silvia Moreta dijo que la Legislatura dio al Gobernador las herramientas para eliminar el empleo precario del Estado, y criticó que recién este año haya "apuro" por solucionar una problemática de años.

La preocupación es que la incorporación masiva que se está haciendo termine siendo insostenible para el próximo gobierno.

El alto número de becados en los organismos

Además de los empleados de planta y contratados de servicio y obra (es decir, con y sin recibo de sueldo), en los últimos años una modalidad usual para incorporar personal en la Administración Pública fue el de las becas.

Distintos organismos tienen becados que, en muchos casos, cumplen las mismas funciones que el personal en "blanco", aunque sin prestaciones como obra social y jubilación.

Algunos de estos régimenes son el Proinagro, que maneja el Ministerio de Producción; SIPADES (que otorga tanto Casa de Gobierno como Desarrollo Social); y las becas INCA, también pertenecientes a la cartera social provincial. A ellos se suman los de la UNCA (Prosub).