El intendente de 25 de Mayo, David Bravo aceptó este jueves contar su versión de los hechos al ser indagado en el marco de una causa que investiga la trata de personas. Aseveró: “no soy cómplice” del negocio montado en torno al prostíbulo Venis. Para ello, desligó cualquier tipo de responsabilidad en la habilitación y funcionamiento del cabaré en sus funcionarios. 

El trámite de la indagatoria se extendió por casi dos horas. Fuentes judiciales dejaron saber que el argumento que utilizó Bravo es muy similar al que en su momento usó el exitntendente Néstor Alcala en la causa de los recorridos “inflados”: la responsabilidad es cargada sobre los funcionarios de menor rango. Aquella vez, Alcala fue procesado.

“Cuando me llegaban los papeles a firmar, se supone que habían pasado por las áreas municipales respectivas donde dieron el visto bueno”, dijo el intendente de 25 de Mayo.

Bravo llegó sonriente y dicharachero ante la prensa que lo esperó en el Juzgado Federal. Sonrió efusivamente junto a su abogado defensor Gastón Gómez, que ya lo representó en otra causa judicial en la que fue condenado: en ese caso, lo sentenciaron por abuso de autoridad, en un expediente también vinculado a un prostíbulo -en ese caso “El Rancho”- y a la trata de personas.

Para defenderse de su responsabilidad Bravo dijo que los trámites de habilitación de “Venus” los realizaron sus funcionarios. "Nosotros tenemos calaboradores y tenemos confianza. No podemos estar en todos los lugares a la vez. Sino yo dejo de ser intendente y me dedico a ser inspector del área de Bromatología", soltó el jefe comunal.

También pegó políticamente: dio a entender que bajo el criterio de que el responsable es el jefe del Ejecutivo, en lugar de un juicio político al ministro de Obras Públicas Jorge Varela tendrían que haber citado al gobernador Oscar Mario Jorge. “Pareciera que soy Superman”, comparó el intendente e insistió en su teoría de la “descentralización” de funciones.

Bravo, un protegido del vernismo, había logrado que su indagatoria se postergue, ya que se iba a concretar el mes pasado pero la pateó para delante con el argumento de que su abogado tenía la agenda cargada.

Un punto central de confrontación entre el intendente y el fiscal Juan José Baric, que pidió su indagatoria, es claro: Bravo renovó la habilitación de “Venus” pese a que su propia gestión había promulgado la ordenanza que prohibía el funcionamientos de cabarés.

Según Bravo, la ordenanza impedía nuevas habilitaciones, pero no una renovación. A su criterio, existía “un vacío legal”, o una suerte de “gris”. Baric, al contrario, interpreta que si una normativa prohibe las habilitaciones, con más razón impide las renovaciones.

Por las dudas, Bravo recordó que él mismo hizo una resolución ad referendum del Concejo Deliberante para prohibir también las renovaciones de habilitaciones de ese tipo.

“El Sapo” Bravo está complicado en la causa. “Venus” era un prostíbulo en el que mujeres eran explotadas sexualmente. El jefe comunal de 25 de Mayo lleva a cabo una cuestionada y singular gestión. Su última aparición pública fue en el congreso del PJ en Eduardo Castex, donde se lo vio rodeado de los suyos y hablando con otros dos vernistas del riñón, los diputados Martín Borthiry y Carmen Bertone.

El jefe comunal ya tiene una condena anterior, apelada por sus abogados, por el delito de abuso de autoridad, debido a las irregularidades en la habilitación de otro local nocturno del mismo tipo, “El Rancho”. También están involucrados en la investigación dos comisarios, tres empleados municipales y un juez de Faltas. Los funcionarios son Armando Rodríguez Huergo (citado a declarar recién para el 24 de octubre) y dos comisarios en actividad, Héctor Rosane y Miguel Oyarce.

El caso se inició por una denuncia de una mujer dominicana, en diciembre de 2011.

En septiembre de 2010, Bravo firmó la ordenanza que prohíbe “la habilitación de cabarés, nightclubs, whiskerías, etc., dentro del territorio de 25 de Mayo”. En enero de 2011, el intendente extendió la vigencia de la habilitación del cabaré “Venus”.

En su dictamen, el fiscal federal tuvo en cuenta que el 19 de mayo de 2010 el Tribunal de Impugnación Penal provincial ya había dictado el procesamiento en orden al delito de abuso de autoridad a raíz de haber permitido, también, la habilitación de otro cabaré denominado “El Rancho”, hecho por el que luego fue condenado en octubre de 2013.

El local Venus -consta en la argumentación del Ministerio Público- “era dudoso, tenía denuncias, allanamientos, notas en diarios y todos sabían lo que allí ocurría. Sin embargo, Bravo no solo nada hizo al respecto, sino que le permitió a una persona, sobre quien él sabía que pesaba la sospecha de sostener un lupanar, realizar la apertura de otro ‘negocio’ en el mismo lugar, pero bajo otro rubro, adoptando así una actitud que supera holgadamente la negligencia o la desidia”.

Además, más tarde Bravo le permitió a la dueña, la imputada Nurys Caraballo Castillo, abrir en febrero de 2012 otro comercio nocturno en el mismo lugar, denominado “Restó Bar Karjbjan”, bajo otro rubro.

Nurys Caraballo Castillo se encuentra detenida y procesada. Los prostíbulos eran regenteados por sus tres hijos y una sobrina.

El funcionario judicial agrega que “la participación de Bravo en todo este proceso fue de vital importancia para la subsistencia del lupanar y quedó acreditada tanto por medio de actos administrativos espurios como por omisiones que no pueden ser tomadas como simples desatenciones, sino como colaboraciones imprescindibles para el funcionamiento de aquel burdel”.