El intendente David Bravo fue acusado por abuso de autoridad por la fiscal subrogante de General Acha. La acción penal fue promovida de oficio contra Bravo y la tesorera Celia Luaces cuando trascendió públicamente que el intendente no les pagó a los concejales opositores el sueldo y se comprobó que en las cuentas de la Municipalidad había dinero para abonar esos salarios.
Ruffini explicó ante la consulta de El Diario que "el Juzgado Civil me corrió vista de la acción de amparo de los concejales opositores. Realizamos dos averiguaciones: preguntamos a la Municipalidad si los concejales habían cobrado y averiguamos en el Banco de La Pampa si en las cuentas había dinero para hacerlo. Nos informaron que había dinero suficiente para hacer ese pago. El día 22 de enero promovimos la acción penal por abuso de poder".
Según trascendió, el intendente Bravo, sus funcionarios y los concejales oficialistas cobraron el 23 de diciembre, un día antes de Navidad, como lo hizo el personal de la Municipalidad de 25 de Mayo.
La imputación al intendente David Bravo y la tesorera Luaces está en el Juzgado Penal Nº 1, a cargo de Manuel Álvarez. Ahora el fiscal interviniente es Hugo Vercellino, quien desde el 1 de febrero retomó su cargo después de la feria judicial. Ahora la causa sigue en la etapa de investigación previa a la citación a indagatoria del intendente David Bravo que deberá resolver el juez Álvarez.
En la Municipalidad de 25 de Mayo hay un fuerte conflicto político que tiene como figura central al intendente David Bravo. Un grupo de cinco concejales rechazó su forma de actuar e incluso realizó una docena de denuncias penales contra diferentes actuaciones del jefe comunal.
El enfrentamiento es abierto. Las denuncias son por incumplimiento de los deberes de funcionario, desvío de fondos y el pago a monotributistas, entre otras causas.
La actual gestión tuvo estallidos escandalosos. Desde los primeros meses hubo un enfrentamiento con los concejales del Frente para la Victoria (González, Darío Jiménez y Angel López). Después con Alejandro Ortega (PJ) y finalmente con Jesica Suárez, del Movimiento Popular Veinticinqueño, la fuerza que llevó a Bravo a la Intendencia. El punto más alto del enfrentamiento fue en el año 2009, cuando el CD estuvo casi tres meses sin sesionar y se dieron las condiciones para intervenir la Municipalidad.
Una auditoría contable -pedida por los concejales opositores y que Bravo debió aceptar resignadamente para que no se produzca la intervención- detectó las irregularidades administrativas. Los concejales sostienen que hay irregularidades que son delitos: con el resultado de esa auditoría fueron a la Justicia par aportar pruebas en las denuncias que ya habían realizado durante los años 2008 y 2009.
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